El interés de la mayoría de la población es que el presupuesto público 2018 tuviera los objetivos siguientes: a) tratar de mantener los gastos públicos necesarios (disminuir la delincuencia, mejorar la salud y educación, así como crear mayores fuentes de empleo); b) aumentar la calidad de los servicios públicos; incrementar la inversión pública para acelerar el crecimiento del país y mejorar el bienestar de la población; c) disminuir el endeudamiento del país; financiar el déficit presupuestario con una disminución de la evasión y elusión fiscal, así como mayores impuestos que gravaran a las personas que reciben más ingresos y a los bienes y servicios innecesarios o suntuarios. Pero esas mayorías de la población no tuvieron la fuerza y organización suficiente para hacer valer sus intereses.
Se ha dejado que los partidos políticos actúen de acuerdo principalmente a sus intereses partidarios, aduciendo que lo hacen en función de los intereses de la población: no se adoptan medidas para mejorar significativamente la lucha contra la delincuencia y la calidad de los servicios públicos; las inversiones públicas han disminuido afectando a largo plazo el crecimiento económico y el mejoramiento social; se está aumentando el endeudamiento público en 350 millones de dólares; no se ha disminuido los salarios de los empleados públicos, no obstante que en su mayoría superan a los de la empresa privada en más del cincuenta por ciento; no se han recortado suficientemente programas poco eficientes, empleados y muchos gastos innecesarios.
No obstante, las reasignaciones de fondos realizados en el proceso de aprobación del presupuesto responden a necesidades sentidas por la población, es el caso de los trece millones para el Ministerio de Agricultura, los cuatro millones para el Tribunal Supremo Electoral, los 10 millones para los veteranos de guerra, el aumento del presupuesto de la Secretaria de Cultura, la Secretaria de Transparencia y Anticorrupción e Instituto Nacional de Juventud.
Durante el año y medio que le queda al gobierno del FMLN, se debe tratar de enfrentar los siguientes procesos administrativos relacionados con los problemas fiscales del país: disminuir la evasión y elusión fiscal, especialmente en el IVA y aduanas; aumentar la carga tributaria de un 15.7 % del PIB al 17 % en el año 2019, tal como lo establece la Ley de Responsabilidad Fiscal para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas y el Desarrollo Social; mejorar el rendimiento y la calidad del trabajo realizado por los empleados públicos; iniciar la disminución de la mayoría de los salarios del sector público, por estar por encima de la productividad obtenida y de los salarios en la empresa privada; regular mejor la contratación de asesores y asesorías a las entidades públicas, ya que son una posible fuente de corrupción; disminuir el salario y prestaciones adicionales de los diputados; disminuir el número de trabajadores del sector público, por estar muy por encima de las cifras de otros países de igual nivel de desarrollo; focalizar el subsidio al transporte; impulsar la autorización de los pagos de deuda que tiene que hacer el gobierno en los siguientes años; reformar la ley de las entidades autónomas para evitar que se realicen gastos e inversiones innecesarias; definir un máximo de endeudamiento de corto plazo; incrementar el nivel de ejecución de las inversiones públicas; elaboración de presupuestos plurianuales.
