Derechos humanos y gobierno

El respeto a las derechos humanos se va a hacer realidad cuando los gobiernos de la República, de los estados y los municipios asuman la gravedad de la violación de los mismos en el México de hoy La negación de la realidad y la autocomplacencia de lo que supuestamente se hace en la materia lleva a que éstos no tengan el lugar que merecen en las prioridades de los gobiernos.

Es un hecho —las evidencias son muchas y contundentes— que la salvaguarda de los derechos humanos no es una prioridad para la gran mayorí­a de los polí­ticos mexicanos. No importa el partido al que pertenezcan. Sólo una minorí­a de ellos asume como prioridad de su gobierno la vigencia y protección de éstos.

En los últimos años ha ganado terreno el discurso a favor de los derechos humanos. Son muy pocos, verdaderos trogloditas, los polí­ticos que rechazan en público la importancia que éstos tienen. Cuando ocurre, la prensa, las redes sociales, las organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema y el conjunto de la sociedad reaccionan con rapidez y fuerza.

Lo anterior es cierto, pero para la mayorí­a de los polí­ticos los derechos humanos son tema de discurso que no conduce a acciones contundentes para eliminar, por ejemplo, la tortura para obtener confesiones o que incluso se admite que se recurra a los juicios sumarios extrajudiciales, para eliminar a supuestos criminales. Esta práctica se incrementa a partir de la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012) en su guerra contra los narcotraficantes.

Pasar del discurso a la acción requiere de voluntad polí­tica y ésta sólo puede ocurrir a partir del cambio de la cultura. Eso implica necesariamente, en el mejor de los casos, un proceso de mediano o largo plazo. ¿Qué hacer, para que ahora, no mañana, los tres niveles del Poder Ejecutivo respeten las derechos humanos?

Es fundamental la denuncia, bien fundada, y la presión social frente al poder. Se debe elevar el costo para los polí­ticos y las estructuras que violan los derechos humanos. En esa causa todos tenemos un lugar. Los periodistas, los intelectuales, los académicos, las organizaciones de la sociedad civil, las universidades, las agrupaciones empresariales, las iglesias y la ciudadaní­a.

El cambio no va a venir de los polí­ticos, salvo honrosas excepciones. El cambio lo provoca la sociedad civil organizada. Ya lo está haciendo, pero hay que intensificar el trabajo y la presión sobre los tres órdenes de gobierno. En el México de hoy no sólo el de ayer, la violación los derechos humanos es sistemática. Esta realidad se vuelve más grave por la negación del hecho por parte de las autoridades. Lo que no se reconoce no se puede cambiar.