martes, 16 julio 2024
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Derechos Humanos en El Salvador dónde, por las maras y pandillas, “No había seguridad de vivir el siguiente día”

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“El Estado era la pandilla, la mara, estos ejercían el control, la autoridad, la coerción paralegal e ilegítima”: Francisco Martínez.

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En El Salvador, en el marco de la guerra civil (de los años 70, hasta 1991) más de 75,000 personas fueron asesinadas; más de 10,000 fueron desaparecidas y otras secuestradas (por fuerzas paramilitares o gubernamentales); miles fuimos capturados y torturados por las fuerzas gubernamentales; más de dos millones de personas fueron desplazadas, unos se afincaron en las periferias urbanas y cientos de miles de ellos fueron forzados a huir por la represión gubernamental, la pobreza y la falta de oportunidades, hacia Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia y otros destinos.

El control de territorio por las fuerzas guerrilleras, durante la guerra civil, se focalizó en zonas rurales, cuasi despobladas, que no sobrepasó ni una sexta parte del país, aunque estas fuerzas contaran con capacidad operativa nacional y con amplia incidencia política.

Debido a la inseguridad, desde de los años 90 hasta finales del año anterior, la ciudadanía vivió una sensación creciente y cada vez más generalizada de miedo a perder la vida; la ineficacia del Estado y la complicidad de los seis gobiernos anteriores con el accionar terrorista de las pandillas, habían sumido a la población en la desesperanza, en la frustración.

Los salvadoreños vieron como sus principales derechos fueron conculcados por una fuerza criminal opresora que, al amparo de los políticos, los mercaderes de la desgracia y la “pasividad de los no afectados”, facilitaron que una extensa franja poblacional (cerca de la mitad de la población) en los territorios urbanos y suburbanos se viera sometida al código de ver, oír y callar.

En esos territorios “el Estado era la pandilla, la mara, estos ejercían el control, la autoridad, la coerción paralegal e ilegítima”, lo evidencia la situación en que vivieron los habitantes de las colonias populares en Soyapango, Ilopango, Tonacatepeque, Mejicanos, Delgado, Ayutuxtepeque, Santa Tecla, La Libertad, Santa Ana, San Miguel, y muchos otros municipios a lo largo y ancho del país. Estos grupos incidieron criminalmente en todo el territorio y avanzaron a niveles de crimen transnacional.

Diversos reportes señalaban que a fines de los años 90´s existían unas 600 clicas o canchas distribuidas por todo el territorio salvadoreño; en septiembre de 2014, se señalaba que la situación había empeorado y que existían más de dos mil zonas bajo la influencia de las pandillas. Se decía que, de los 262 municipios de El Salvador, las maras tenían presencia en 214, concentrándose en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

El costo económico de la violencia criminal significó para 2003 el valor de $1,717 Millones de dólares, equivalente al 11.7% del Producto Interno Bruto PIB del país. Esa pérdida económica equivaldría al total de los ingresos fiscales y más del doble de las asignaciones presupuestarias a Educación y Salud, para ese año. Ese valor, se aceptó como constante del impacto de la violencia, en 2015 la gremial empresarial ANEP señalaba que los costos relacionados con la violencia y la criminalidad en El Salvador superaron los $2,700 millones, es decir, el equivalente a un 11 % del Producto Interno Bruto del país.

Este efecto en la economía se aborda en una investigación académica, (UCA 2016) que realizó cálculos con diferentes metodologías para estimar el impacto en el crecimiento económico potencial del país, señalaban en sus resultados que las diferencias entre las tasas de crecimiento, <con y sin violencia> mostraban que las tasas de crecimiento sin violencia (que eran en promedio de 2.7%) son relativamente mayores a las observadas en las que incluyen el costo económico de la violencia (que eran en promedio de 1.9%). Y concluían que “…Se ha demostrado cómo dichos costos afectan a elementos del PIB por el lado del gasto, tales como el consumo y la inversión, puesto que la suma de los costos directos e indirectos en promedio para el período 2001-2015 representaron el 21.8% del PIB y ha tenido una tendencia creciente, tal como se mencionó en el apartado 3.1., observándose que pasa del 16.1% en 2001 al 29.2% en 2015. Se puede mencionar que, del total de costos, son los costos directos los que tienen mayor relevancia, ya que abarcan el 18.8% en promedio mientras que los costos indirectos únicamente totalizan el 3% en promedio para la serie”.

Los ciudadanos salvadoreños estuvieron ante un Estado que, por omisión, y que, en contubernio con los criminales, permitió que las pandillas y su accionar terrorista, violentara de manera continuada y cruel sus derechos humanos.

En treinta años, esos grupos terroristas cometieron el asesinato de más de 120,000 personas; desaparecieron a miles; y, dejaron secuelas en miles de víctimas, que sufrieron la mutilación y hoy sobreviven con discapacidades; los secuestrados, las victimas de violación, los que fueron linchados, los extorsionados, los desplazados, los cientos de miles de ciudadanos hombres y mujeres que vieron sus sueños truncados.

Ese impacto social y económico, urgía, desde principios del milenio, a diseñar e impulsar una solución integral: una política pública de convivencia y seguridad ciudadana. Una acción del Estado que resolviera los problemas de la injusticia social y la violencia criminal, que además se forjara un nuevo clima de relaciones interhumanas de respeto, con valores y que recuperaran a la sociedad de los efectos psicosociales de la violencia. Esta acción institucional de apoyo a la resiliencia ciudadana para superar esos traumas y prevenir conductas derivadas, sigue siendo un tema pendiente.

Fácticamente, “desde el punto de vista interno, la soberanía presupone que el Estado cuente con el monopolio de la coacción y que lo ejerza en la totalidad de su territorio sin que existan zonas que se resistan o se exceptúen de su aplicación”. Esa soberanía estaba, por omisión, usurpada por las organizaciones terroristas de las pandillas.

El derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la seguridad, a la inviolabilidad de la morada, a la propiedad, al honor, a la libre movilidad, la libertad de expresión, el acceso a la educación y a la salud, a trabajo, acceder a servicios públicos, todos estos derechos humanos fueron sistemáticamente negados a la población secuestrada por la violencia terrorista de las pandillas.

La omisión de las obligaciones del Estado en la tutela de los derechos fundamentales de los salvadoreños facilitó por 30 años, la instauración de un sistema de violencia terrorista, en el que las pandillas determinaban la vida diaria de todos los días, para un segmento amplio de la población. Esa omisión, expuso la vida, restringió el goce de los derechos humano a esas poblaciones abandonadas a su suerte, a manos de esas organizaciones terroristas.

La sentencia 411-2017, Amparo, señalaba que “los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos y son la fuente de obligaciones para el Estado, principalmente en las tareas de prevención, promoción, protección y reparación de los daños ocasionados…

… en el contexto de violencia estructural que afecte a un amplio sector del territorio, estas medidas deben estar enfocadas en la prevención del delito y de afectaciones a derechos como la seguridad material, la integridad física, la libertad de circulación, la libertad de residencia, propiedad privada y la protección de la familia particularmente a las mujeres y la niñez, provenientes de sujetos que se arrogan competencias propias del Estado, como el control del territorio.”

Los testimonios de víctimas sobre la violación a sus derechos abundan: “Julieta*, de 14 años, vive atemorizada desde que un día escuchó que un hombre amenazaba a su padre con matarlo si no pagaba una extorsión…Este hombre era un pandillero y Julieta supo que si no entregaban el dinero que pedía, lo más seguro es que su padre sería asesinado como ya había pasado con varios de sus empleados…Durante meses, la familia de Julieta ha estado viviendo en un constante estado de miedo. “Me preocupé mucho y me dio el dolor en el cuello, se me torció”, cuenta Julieta. 

 “Se me había salido la parte superior del páncreas. Era un dolor insoportable” … “Le dijeron a mi madre que me iban a cortar en pedazos”, contó a Human Rights Watch…No se trataba de una amenaza vacía. “Había un muchacho en mi comunidad (…) La pandilla lo descuartizó y esparció sus restos por todo el barrio. Dejaron pedazos del cuerpo del chico por todas partes. Las manos, todo”, relató Rudy…El terror se apoderó de Rudy. “No podía dormir. No podía dejar de pensar en sus caras. Soñaba que vendrían por mí y que me harían lo mismo”.

El Consejo Noruego para Refugiados, en su informe del año 2015, señaló que poco más de 288 mil personas han sufrido desplazamiento forzado en El Salvador.

“La violencia se vive con crudeza en las comunidades pobres, en las que el Estado tiene menor presencia. A ella recurren para ejercer control tanto el crimen organizado como las pandillas. Y esta es una realidad que afecta a diario a miles de personas.” Encabezaba el editorial UCA del 18-07-2016.

En 2017 el 44.61% de los centros educativos (2,295 escuelas) <del país> estaban ubicados en comunidades que tienen presencia de pandillas.

En 2017, Naciones Unidas señaló que: “El Salvador debe realizar mayores esfuerzos para ayudar a las familias forzadas a abandonar sus hogares a consecuencia de la violencia de las pandillas…El problema es más significativo y generalizado de lo que el Gobierno reconoce”. 

En 2020, según la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos PDDH la principal causa de los desplazamientos sigue siendo el acoso de pandillas. ACNUR afirmaba que, ese año El Salvador tuvo unos 71.500 desplazamientos forzados externos.

El 13 de julio de 2018, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, hizo pública la Sentencia 411-2017 Amparo, reconociendo que el desplazamiento forzado tiene origen tanto en el contexto de la violencia e inseguridad en El Salvador en las zonas controladas por las pandillas como en las afectaciones sistemáticas a derechos humanos causadas por la criminalidad organizada.

En diciembre 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH documentó “in loco” la situación de los derechos humanos en El Salvador, destacó que “organizaciones de la sociedad civil hicieron referencia a los enfrentamientos armados entre la policía, principalmente, y supuestos pandilleros, registrados en los últimos años. Indicaron que, en los cinco años de la administración del Gobierno anterior <Salvador Sánchez Cerén 01-06-2014/31-05-2019>, se registraron al menos 2,173 enfrentamientos armados, los cuales provocaron la muerte de 1,930 personas y de estas muertes, el 96.8% fueron civiles, la mayoría identificada como miembros de pandilla según la versión policial.”

Además, en esa visita “El Estado informó que el Sistema Penitenciario cuenta actualmente con una población privada de libertad de 38,627 personas, del cual el 92.25% corresponde al sexo masculino y el 7.74% al femenino y donde aproximadamente el 65% de las edades oscilan entre 18 y 35 años. Según el World Prison Population List, El Salvador es el segundo país del mundo con la mayor tasa de encarcelamiento, con 604 por cada 100,000 habitantes. Frente al alto número de personas detenidas, la CIDH observa con preocupación que a la fecha solo existen aproximadamente 15 jueces de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena para ver el cúmulo de más de 38,000 casos. Adicionalmente, si bien la tasa de hacinamiento promedio en las cárceles es de 142, llama la atención de la Comisión que algunos centros penales tienen hasta un 600% de hacinamiento.”

Abusando de la gran capacidad de resiliencia de la salvadoreñidad, se impuso en el imaginario colectivo que la inseguridad no se podía remediar, que la solución era aceptar y adaptarse a las cosas como eran, tal cual designio del destino. Y que sobrevivir en indignidad, era la única forma de pasar cada día, que esa era la misión de las buenas personas. Se pedía ver con humanidad al opresor, al victimario, al verdugo, quienes solo eran “personas a la que el sistema les había fallado”.

A este pueblo, se le fue poco a poco doblando las rodillas y conminándolo por aquellos a los que les confió su representación y vilmente le traicionaron. Esos que, por intereses mezquinos, prefirieron pactar con los que mancillaban los derechos de la gente, son a los que la población hoy confronta con su desprecio y aborrecimiento.

Muchos olvidan las características valientes y de lucha popular de este pueblo, la historia atestigua diferentes momentos insurrectos, y se descuida en el análisis que la situación de las pandillas estaba llegando ya una situación limite entre la vida de la gente y la vida de los pandilleros, se estaba creando un estado de agotamiento de la tolerancia, estábamos a escasos momentos de que la gente se tomara la justicia por sus manos, ante la impunidad, la cobardía de los gobernantes y el negocio que hacían los poderosos con la sangre del pueblo, solo faltaba la chispa del primer linchamiento organizado.

No se puede comprender lo que sucede políticamente en El Salvador, desde junio de 2019, cuando asumió la dirección del gobierno Nayib Bukele, y las mayorías que luego ha recibido electoralmente, si no se entiende que la condición de sobrevivencia de las mayorías de la población había llegado a una situación de hartazgo, estaba al tope, al rebalse. 

Pero debe tenerse en cuenta que: “La convivencia pacífica no depende solo de la seguridad física de los individuos y de la protección de sus bienes, sino de la existencia de equilibrios entre las capas sociales. La marginación de amplios sectores de la población vuelve difícil la coexistencia y la experiencia indica que da lugar a conflictos al interior de la sociedad. En estos contextos los derechos fundamentales de contenido social emergen como instrumentos que procuran la integración de los sectores marginados y exigen en consecuencia una intervención del Estado en el funcionamiento de la sociedad. Desde el punto de vista de los derechos fundamentales, la marginación social pone de manifiesto que existe en la sociedad una desigual satisfacción de los derechos sociales y que la tutela de estos derechos es deficiente.” Se recalcaba en los fundamentos fácticos de la Sentencia 411-2017, Amparo.

Los salvadoreños son un pueblo que había intentado por décadas solucionar su desventura, ya desde principios de los años ´40, se movilizó, organizó, luchó, fue reprimido, forzó cambios, le robaron elecciones, impulsó la resistencia, optó por la violencia legítima en su defensa, se insurreccionó, hizo la guerra popular, sufrió desarraigo; pero esperaba ilusionadamente que al terminar la guerra, se abriera un nuevo escenario en que pudiera desarrollar su potencial, pero fue traicionado una y otra vez primero fue ARENA y después el FMLN, estos y sus comparsas, le habían robado el sueño de un país mejor.

En ese sentido, para este pueblo oprimido, sojuzgado, arrodillado ante la acción terrorista de las pandillas, Nayib Bukele era el último en quién creer y con el respaldo electoral lo hicieron su Presidente en febrero de 2019 (para el periodo 1-06-2019/31-06-2024), desplazando a los viejos partidos clientelares e ineficaces del sistema; y luego, después de 21 meses de ver la obtusa acción antipopular de aquellos diputados opositores, aquellos Magistrados y Jueces, aquellos poderes fácticos, que se oponían a todo lo que su presidente Bukele planteaba, en las elecciones del 28 de febrero 2021 le dieron las mayorías legislativas y locales.

Bukele es el hombre de la gente (8-9 de cada 10 consultados lo respalda), es el que la mayoría de los ciudadanos han adoptado como su líder para sacar al país de las mazmorras, es el que les ha devuelto la dignidad y la posibilidad de pensar en serio, de que un país distinto, un nuevo país es posible, es el que resolvió lo que era imposible: la inseguridad. 

Por eso, la opinión de esa mayoría es contundente, que Bukele siga en el gobierno por un nuevo periodo y que intente resolver los problemas históricos y estructurales de la economía, de la desigualdad, del desarrollo humano sostenible.

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Francisco Martínez
Francisco Martínez
Columnista y analista de ContraPunto. Consultor en temas sociolaborales, exdirigente sindical y exmilitante insurgente. Con experiencia en capacitación y organización popular, formación en finanzas corporativas y gestión de recursos humanos.

El contenido de este artículo no refleja necesariamente la postura de ContraPunto. Es la opinión exclusiva de su autor.

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