Alicia (nombre ficticio) tomó las pocas cosas que debía llevar y las metió en una maleta negra. Perfumó sus vestidos y junto a su hija emprendió, la mañana del 5 de mayo de 2016, la indeseable ruta del migrante desde su hogar, en alguna comunidad de El Salvador rumbo a los Estados Unidos.
El “sueño americano” terminó 16 días después cuando fue capturada en Reinosa, México, el 21 de mayo junto a su hija, quien ya afectada por la travesía lucía delgada y pálida.
“Yo salí de El Salvador porque tengo una hija adolescente; iba con ella porque a ella los muchachos (pandilleros) me la amenazaron que si no es de ellos, me la iban a matar”.
Un autobús gris proveniente de México cruza la estrecha calle que dirige a la entrada de la colonia La Chacra sobre el bulevar Venezuela en San Salvador. Afuera hay taxistas y vendedores que aprovechan la llegada del bus; hay también familiares, mujeres, esposas, madres, padres e hijos que deben esperar.
Son casi las 10 de la mañana y el autobús ingresa al Centro de Atención Integral al Migrante. En su interior vienen 199 salvadoreños entre ellos 79 infantes de los cuales 20 venían completamente solos. Ellos fueron capturados en México, es decir, no lograron pasar “al otro lado”.
Uno a uno bajan personas con mochilas y sueños rotos y desgastados por un viaje para el olvido. Entre ellos vine Alicia y su hija. Alicia es una señora de unos cuarenta y tantos. Su piel, ojos y cabello claro se ven marchitos por el castigador viaje y la zozobra de volver al mismo lugar donde su hija fue amenazada.
Al llegar son recibidos con los beneficios del programa “Bienvenido a Casa” que vela porque tengan atención en salud, alimentación, apoyo psicológico y asesorías para negocio propio, búsqueda de empleo, planes de becas de estudio, charlas de orientación, comunicación con familiares, dinero para el transporte hasta su casa, entre otras atenciones.
El director de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), Héctor Rodríguez, no especificó el presupuesto del programa pero aseguró que proviene de una combinación de fondos propios de la DGME y fondos aportados por Estados Unidos.
Los sollozos y las lágrimas son comunes entre quienes deben volver al país del cual intentaron huir pero fracasaron. “Uno tiene que sacrificar muchas cosas. A veces hasta su familia, hogar, su casa para salir huyendo y librar la vida de los hijos”, dice Alicia.
Ella estaba entre las mujeres que recibían charla sobre la migración. Ninguna quería contar a ContraPunto su experiencia. Unas sonreían con la mirada baja como queriendo olvidar lo ocurrido; otras deslizaban su índice sobre sus mejías para interrumpir el recorrido de una lágrima por el amargo recuerdo.
Alicia levantó su mano. Accedió a contar su historia pidiendo no ser identificada. En su mano portaba su Documento Único de Identidad (DUI).
“El trayecto del camino es terrible porque yo vi a mi hija agonizar. No comimos dos días. Ella terminó casi desmayada, pálida. Yo veía que se me moría y me puse a orar a pedirle a Dios que me le guardara”, recuerda Alicia con la voz entrecortada.
Alicia podría ser considerada en el momento de la entrevista, la vocera de los 19 mil 364 salvadoreños que han buscado el llamado “sueño americano” en Estados Unidos, solo entre enero y mayo de 2016, y han sido deportados. En ese mismo periodo en 2015 fueron deportado 20, 226, lo que refleja una disminución del cuatro por ciento.
El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), David Morales, afirmó que la migración es producto de las desigualdades sociales que afronta el país y de causas estructurales como la pobreza y la inseguridad.
“La violencia se está volviendo un factor muy grave de expulsión, particularmente en la juventud y adolescencia. Son problemas de país que debemos afrontar”, expresó Morales.
El procurador verificó las atenciones en la recepción de las personas retornadas e hizo una llamado al Estado para que fortalezca los presupuestos y recursos suficientes del Centro de Atención Integral al Migrante para que se garanticen sus derechos y su reinserción social.
Alicia seca el sudor de su frente por el calor del mediodía en el Centro de Atención al Migrante. A su memoria vienen recuerdos de lo que ella llama “una dura experiencia”.
“Nos dejaron en el monte donde nos llenamos de garrapatas, no tomamos agua en dos días”, recuerda Alicia.
De acuerdo con el procurador Morales, el problema tiene dimensiones tan masivas y estructurales que rebasa la capacidad instalada de las instituciones que intervienen durante la recepción o en el seguimiento de algunos casos. "La migración ocurre por causas derivadas de la exclusión social, causas culturales y hoy muy frecuentemente el fenómeno de la violencia”, añadió.
El procurador expresó que si no se resuelven los problemas de faltas de oportunidades y de violencia, las personas repetirán el ciclo migratorio y volverán a intentar migrar de forma ilegal. Y Alicia, asegura que lo hará de nuevo.
“Tengo que regresar a donde me amenazaron porque mi familia es corta y es una familia desintegrada. Yo en realidad no tengo para otro lugar dónde irme y, sí, voy a volver a irme a los Estados Unidos con mi hija, no me puedo quedar aquí.”, confiesa Alicia.
ContraPunto consultó al director Héctor Rodríguez sobre las estrategias del Estado para garantizar la seguridad de retornados, como Alicia, que deben volver a las comunidades donde fueron amenazados.
“Hay comunidades en las que es difícil retornar. Ahí es donde consideramos que contribuirá mucho el Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte que está por iniciar con una inversión importante en seguridad; además, las medidas extraordinarias que el Gobierno ya está implementando y que están dando buenos resultados”, aseguró Rodríguez.
Por otro lado, miembros de Cristosal, una ONG en favor de los derechos de los migrantes, consideran que garantizar la seguridad de los retornados es un reto pendiente.
“Creo que donde debe haber más desarrollo es en asistencia a personas que no pueden regresar a casa por razones de seguridad que a veces ya se han desplazado dentro del país antes de cruzar la frontera y necesitamos ver cómo colaboramos con el Gobierno para crear un sistema que responda a personas con problemas de inseguridad”, señaló Noah Bullock, director de Cristosal.
Mientras eso pasa, Alicia debe regresar a la comunidad de donde partió el 5 de mayo por amenazas a su hija y hace la siguiente recomendación: “el que puede y no tiene ningún riesgo, que siga luchando en su país y que no corra ese riesgo. A uno lo meten en camiones, lo recogen personas que usted le mira la cara y ruega a Dios que lo guarde de esa persona porque con solo verlas da terror”.
Alicia se mostró decidida a intentar nuevamente la travesía de su vida por segunda ocasión. No la convencieron ni los programas laborales, ni las becas, ni la orientación que le dieron en Migración.
Alicia prefiere sufrir los vejámenes de la ruta del migrante antes que perder a su familia en manos de las pandillas de El Salvador.
