Maricela Albizuri, de 30 años, sufrió un parto extrahospitalario y tuvo a su hijo en el baño de su casa la noche del 31 de octubre de 2018, durante el parto el recién nacido falleció. Según la inspección hecha por las autoridades, el niño tenía una marca circular del cordón en el cuello, hecho por el que Maricela fue acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) de homicidio agravado y permanece en detención en el Hospital Nacional Psiquiátrico.
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del aborto denunció este miércoles las arbitrariedades que se han dado por parte del sistema de Justicia en el caso de Maricela, añadieron que la incriminan injustamente.
Maricela fue detenida el día en que sufrió el parto extrahospitario en el Hospital Nacional de Zacamil, donde fue trasladada para recibir atención médica tras el aviso de su pareja que alertó a las autoridades. Desde ese momento, la imputada inició un proceso judicial en el que se le acusó de haber provocado la muerte del recién nacido.
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Karla Vaquerano, defensa de la imputada y representante de Acción Ciudadana, manifestó que desde la acusación inicial la Fiscalía no ha presentado los suficientes elementos probatorios para comprobar la culpabilidad de la madre. Añadió que han exigido el ADN y la autopsia del recién nacido como principales pruebas pero hasta el momento no han obtenido respuesta.
“En la inspección ocular el recién nacido no poseía ningún tipo de lesiones, únicamente la circular del cordón en el cuello, podría darse lugar a interpretar que la recién nacida falleció por complicaciones al momento del parto y no por una muerte intencional”, indicó Vaquerano.
El proceso actualmente es llevado por el Juzgado Noveno de Instrucción, el cual el pasado 27 de marzo, decretó la detención provisional de Maricela, quien debido a su problema de salud mental permanece internada en el Psiquiátrico, donde es vigilada por las autoridades.
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A juicio de Vaquerano, la acusada no está en condiciones para ser aislada de sus familiares, además teme que esta decisión ponga en riesgo su vida.
Tras la resolución del Juzgado, la defensa apeló ante la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador para que el falló sea examinado y ordene una revocatoria de las medidas cautelares impuestas.
Vaquerano dijo que esperan una resolución a más tardar luego de la Semana Santa. De no obtener una respuesta positiva interpondrán otra revocatoria y exigirán el cambio de las medidas que han dado a Maricela.
“Es muy indignante saber que estos elementos no han sido considerados por parte de Fiscalía y los Juzgadores, en el sentido que son mujeres con extrema vulnerabilidad y pobreza en el país”¦ Sufrir un parto extrahospitalario y no contar con las condiciones suficientes para ser atendidas, sean criminalizadas por homicidio agravado o incluso por aborto”, expresó Vaquerano.
