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sábado, 16 de octubre del 2021

Denuncian ante la ONU violaciones de derechos humanos en Argentina

Entre las acusaciones que organizaciones sociales han hecho al gobierno de Macri están la desaparición de un joven artesano y crí­menes de odio

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Múltiples derechos humanos son violados en Argentina por responsabilidad del Estado, denunciaron varias organizaciones sociales durante una sesión informal en la sede de la ONU en Ginebra que tuvo por audiencia diplomáticos europeos de Australia, Canadá y América Latina, quienes antes de fin de año deben hacer recomendaciones al gobierno que preside Mauricio Macri, susceptibles de frenar una regresión que afecta derechos civiles, polí­ticos, económicos, sociales y culturales. De la larga lista en la que se inscribió el debate, he aquí­ los más resonantes.

La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans estimó que antes de abordar los derechos de las personas LGBTI era “imposible” hacerlo “sin denunciar en primer término la reciente desaparición forzada de Santiago Maldonado, por parte de las fuerzas federales de seguridad mientras” el joven artesano “se encontraba en una manifestación en favor de los derechos de los pueblos originarios”. Al tiempo, la “lí­der indí­gena Milagro Sala”, prosigue “detenida en la provincia de Jujuy luego de realizar una protesta”. Estos casos emblemáticos, se inscribirí­an en “un contexto de creciente violencia institucional y represión de la protesta social que durante el último par de años afecta particularmente a los grupos más vulnerados”.

A continuación esta Federación reclamó “una legislación antidiscriminatoria nacional que reconozca a la identidad y expresión de género y a la orientación sexual entre otros pretextos discriminatorios no previstos en la normativa actual”, dispositivo que “brinde mecanismos más efectivos de prevención, reparación y sanción de actos discriminatorios”. Al respecto puntualizó que “siguen creciendo” los “crí­menes de odio por orientación sexual e identidad de género”. En 2016 hubo 31, sin olvidar que el 33,4% de los mismos “son cometidos por personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones”. Cabe agregar que las condiciones de detención de personas LGBT han empeorado y “se ha retrocedido en varios de los derechos reconocidos”. Espanta que se vuelva a recordar que “las mujeres trans siguen siendo usadas por el sistema penitenciario”, (…) “forzadas al trabajo sexual intra muros y las utilizan para la comercialización de drogas ilí­citas”.

Los migrantes en Argentina también sufren injusticias. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señaló a través de un documento distribuido públicamente, que por decreto presidencial de enero de 2017,  el gobierno “derogó la parte sustancial de la Ley de Migraciones e introdujo un marco normativo que retrocede en la garantí­a de los derechos de la población migrante”. Se creó “un procedimiento de expulsión sumarí­simo para determinadas categorí­as de migrantes”, transgrediendo el “debido proceso, el derecho a la defensa y el acceso a  la justicia”. Se quebrantó “el carácter excepcional de la detención por  razones migratorias al ampliar los supuestos para el dictado de detenciones preventivas y al ampliar plazos y condiciones para la detención”. En suma, se criminalizó “a las personas migrantes al vincular migración al delito”, probablemente por lo cual, el Comité contra la Tortura de la ONU, le solicitó el gobierno en mayo de 2017, que anule ese decreto.

Entre otras alegaciones, el CELS difundió una cartilla, sobre las “Diez razones para despenalizar y legalizar el aborto temprano en Argentina”. Dice que su penalización: 1, “no disuade a  las mujeres de la práctica”, 2, “afecta, restringe y viola derechos fundamentales de niñas, adolescentes y mujeres”, 3, “induce a las mujeres a recurrir a métodos de aborto inseguros y riesgosos para su vida y su salud”, 4, “aumenta las muertes y la pérdida de la salud de las mujeres por abortos inseguros”, 5, “impacta negativamente en el acceso a los abortos legales”, 6, “la falta de acceso a abortos seguros cuando está en riesgo la vida o la salud de la mujer produce muertes por  causas indirectas”, 7, “tiene un impacto diferenciado en mujeres pobres  y jóvenes”, 8, “expone a las mujeres a ser ví­ctimas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes y de violencia institucional”, 9, “valida un mercado millonario y clandestino que lucra con la autonomí­a de las mujeres”, y 10, “va en contra de una sociedad igualitaria”.

Según  la “Asociación por los Derechos Civiles” (ADC), se observa un déficit en el derecho a la privacidad. Al calor de las “innovaciones en las tecnologí­as de la información”, que “han permitido formas de recopilación, almacenamiento e intercambio de datos personales previamente inimaginables”, el derecho a la “protección de datos personales” ha evolucionado de forma espectacular, pero “no hay una obligación de publicar informes sobre actividades de vigilancia de las agencias de inteligencia”, que “operan con bastante autonomí­a y con poca  supervisión efectiva”.

A su vez, el actual gobierno puso en marcha “el registro obligatorio de la tarjeta SIM”, que “viola la privacidad ya que limita la capacidad de los ciudadanos para comunicarse  anónimamente”. La ADC afirma que “no es una medida útil para combatir las actividades criminales, sino que en realidad alimenta el crecimiento  de delitos relacionados con la identidad y de mercados negros para aquellos que desean permanecer en el anonimato”, al margen que “facilita  el rastreo y seguimiento de todos los usuarios por parte de las agencias de seguridad y las agencias de inteligencia”. En ese marco, la ADC se preocupa que el “hackeo”, sea reconocido “como un método de investigación legal” en la reforma en curso del Código Procesal Penal. Exige que si ello se autorizara deberí­a ser establecido por ley, “accesible al público y suficiente, clara y precisa para permitir a las personas prever su aplicación y la extensión de la intrusión. Deberí­a estar sujeta a revisión periódica por medio de un proceso legislativo participativo”.

Finalmente, Belen Rí­os, en nombre de la Fundación Interamericana del Corazón, instó a la audiencia a solicitar a la Argentina “prohibir toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco”, sabiendo que “la industria tabacalera se aprovecha  de los vací­os legales para seguir promoviendo sus productos, especialmente dirigidos a niños y niñas”. Y extendió su petición a “la sanción de una ley nacional que aumente los impuestos al tabaco, e incluya todos los productos y un mecanismo de actualización, para evitar  que se pierda el efecto del aumento como consecuencia de la inflación”.

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Juan Gasparini
Corresponsal de ContraPunto en Suiza - ONU-DDHH, escritor y experto en Derechos Humanos. Ex preso político de la dictadura en Argentina
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