El ciudadano presidente, Nayib Bukele, el director del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), Peter Dumas; el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro y el ministro de la Defensa, René Merino Monroy fueron denunciados ante la Corte de Cuentas de la República (CCR), para investigar el uso de fondos en la adquisición del software espía Pegasus.
En la denuncia se solicita el inicio de investigaciones en contra de los funcionarios por el posible uso de fondos públicos para el cometimiento de actividades ilícitas, a través del software espía Pegasus, el cual solo es vendido por parte de la empresa de seguridad israelí NSO Group a gobiernos, debido a su alta capacidad militar para obtener acceso a fotos, videos, mensajes, correos, grabación de llamadas, la activación de forma remota el micrófono y la cámara, entre otros, sin que la persona intervenida se dé cuenta de lo que ocurre.
Además, los representantes de Cristosal manifestaron la serie de irregularidades en la adquisición del software, así como su uso en intervenir a ciudadanos sin que se cuente con un proceso judicial que lo establezca.
Hasta el momento se contabilizan al menos 35 denuncias, principalmente de periodistas salvadoreños, en las cuales se ha establecido el uso del programa espía.
“La Constitución prohíbe que las autoridades y particulares realicen cualquier actividad que pueda calificarse como interferencia o intervención de las comunicaciones sin autorización judicial por lo que es indispensable evitar el uso de fondos públicos en este tipo de actividades”, expresó la entidad de derechos humanos en un comunicado.
Según expresó Ruth López, representante de Cristosal, la Ley de la Corte de Cuentas tiene la facultad de investigar el uso de los fondos públicos, incluidos aquellos que están destinados a su uso en el organismo de inteligencia.
Además, según expresó Cristosal en su comunicado, “para evitar el uso de fondos públicos en este tipo de actividades es indispensable la transparencia en el presupuesto del Estado; por lo que en 2020 Cristosal presentó una demanda de inconstitucionalidad contra las reformas del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo y el Reglamento de la Ley del Organismo de Inteligencia del Estado, que declaraba reserva del presupuesto asignado a esa institución”.
En la denuncia presentada también se realizan estimaciones de cuánto el Gobierno salvadoreño pudo haber gastado en la adquisición de licencias de Pegasus, cantidad que podría superar fácilmente los $8 millones, basados en un documento revelado por la Corte de Estados Unidos en el que se determinó que el gobierno de Ghana gastó esa cantidad para espiar 25 aparatos en los años 2015-2016.
Los costos incrementan para su instalación y mantenimiento anual, así como varían para cada caso en específico, por lo que la entidad exige la investigación en el uso de los fondos.
