Tanto el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, como el viceministro de dicha cartera de Estado, Raúl López, han sido denunciados ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) por irregularidades en el manejo de las tiendas de centros penales.
FUNDE interpuso la demanda a través de su Centro de Asesoría Legal y Anticorrupción (ALAC), en la cual señalan que Landaverde habría creado una Organización No Gubernamental (ONG) para administrar las tiendas de los centros penitenciarios.
La entidad señala en su demanda que la ONG se identifica como ASOCAMBIO, la cual fue constituida en julio de 2018 y que es presidida por Ramírez Landaverde. El director de Centros Penales, Marco Tulio Lima, también forma parte de la institución.
Debido a esto, FUNDE argumenta que el funcionario ha incumplido el artículo 6, literal g, de la Ley de Ética Gubernamental, que le impida a cualquier funcionario estatal mantener relaciones contractuales o empleos que pongan en duda su imparcialidad o le expongan a un conflicto de intereses, puesto que ASOCAMBIO se encarga de la administración de los fondos generados a partir de las ventas de productos de consumo en los reclusorios.
