Han pasado 15 años desde el desastre ambiental que contaminó con plomo la sangre a los 6 mil habitantes de Sitio del Niño, municipio de San Juan Opico, departamento de La Libertad, por parte de la empresa Baterías de El Salvador, conocida como Baterías Récord. Sin embargo, las madres y padres de familia de los menores que resultaron afectados por dicha contaminación agravada permanecen demandando justicia.
A pesar que las autoridades salvadoreñas no han brindado justicia para los afectados, estos aún luchan por conseguirla. Por ello se presentaron a la Asamblea Legislativa para pedir una interpelación contra el Fiscal General de la República, Douglas Meléndez Ruiz, por negligencia en el caso.
“Hemos venido a la Asamblea para que sienten al señor Fiscal, para que explique por qué se oculta la realidad de esta problemática, en vez de favorecer a las víctimas del Sitio del Niño, que somos más de 6 mil personas. Mejor favorecen a los dueños de la empresa, la familia Lacayo”, señaló Maura Reyes, residente de la zona contaminada.
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“Por años 15 años nos han retardado la justicia. Ahora nos enteramos de una resolución de una indemnización de $195 para 128 personas de la comunidad. Es indignante. Con eso nos mandan un mensaje que la población no vale nada, el daño causado es miles de personas”, manifestó Rufo Alejandro de la Cruz, poblador de Sitio del Niño.
Por ello, las personas afectadas por contaminación con plomo acudieron a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa para exponer esta lamentable situación y se cite a Meléndez para que explique la supuesta conciliación con algunos de los representantes de los menores afectados por Baterías de El Salvador, en donde los fiscales parecen estar de acuerdo, destacó Ovidio Mauricio, director de la Asociación de Derechos Humanos “Dra. María Julia Hernández”.
“Nos hemos visto ninguna acción contra la familia Lacayo como la extradición para que respondan por las lesiones y contaminación causadas a estas familias. Como decía monseñor Romero: “˜La justicia muerde a los descalzos”™”, citó Mauricio al referirse al actuar de la Fiscalía en el caso.
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“La contaminación es gravísima. Los diputados en su momento manifestaron que el daño fue comparado con el impacto de una bomba atómica que estallo en el lugar. Se trata de afectaciones en la salud, la contaminación del medio ambiente y a sus proyectos de vida”, agregó.
Las personas afectadas han estado en todas las audiencias invirtiendo tiempo y dinero para que al final reciban una “cifra ridícula de indemnización monetaria”, como ellos la llaman, generado un gran impacto para su esperanza de justicia y reparación que consideran que merecen. Sin embargo, se enfrentan a un sistema judicial que ha sido caracterizado de incapaz de impartir justicia a las víctimas y que en cambio favorece a los hechores de crímenes ambientales.
