Esta semana venció el plazo de la resolución del Tribunal del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) que ordeno a las compañías mineras Pacific Rim Cayman /OceanaGold pagar 8 millones de dólares al Estado salvadoreño. Sin embargo, la empresa minera desobedeció la orden y contrario a ello ha manifestado que procederá a apelar el fallo en su contra, indicó la gerente general de la empresa, Ericka Colindres, durante una entrevista vía telefónica en un programa de televisión del Canal 19.
Además, persiste el interés de la empresa minera por seguir explotando los bienes naturales en Cabañas con yacimientos de oro, asegura el investigador Andrés McKinley de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA.
“Nosotros hacemos un llamado a OceanaGold que quiere aparentar de ser una empresa responsable: primero salgan de la sombra, de los rincones oscuros donde se esconden, dejen de estar tratando de engañar a personas humildes y comunidades pobres con sus mentiras; vénganse a la luz, a debatir con nosotros. Y cuando terminemos desenmascarando las mentiras de la propaganda OceanaGold, que paguen lo que deben a El Salvador y empaquen sus maletas y se vayan del país, eso sería para nosotros la minería responsable”, puntualizó McKinley.
Además, hicieron un llamado al Ejecutivo para que sea consecuente con su decisión de no permitir los proyectos mineros. “El gobierno debe impulsar en la Asamblea Legislativa su prohibición definitiva mediante una ley”, manifestó Leonel Herrera, director ejecutivo de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS).
“El Presidente de la Republica (Salvador Sánchez Cerén) en diferentes momentos se ha expresado en contra de la minería: lo hizo cuando era candidato a la vicepresidencia, lo hizo después como vicepresidente, después lo hizo como candidato a presidente. Fue a Cabañas durante la campaña y con las comunidades se comprometió a prohibir la minería metálica; queremos que sea consecuente con esa posición”, agregó Herrera.
Estudios han demostrado que la minería metálica no es viable en El Salvador, además de que buena parte de la población y organizaciones civiles han rechazado los proyectos extractivos según encuestas de opinión pública.
A este clamor se unen las voces de varias organizaciones ambientalistas, alcaldías, iglesia católica, medios de comunicación y universidades. La petición expuesta a todos los grupos parlamentarios es que dictaminen favorablemente en la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático, y pasen inmediatamente al pleno legislativo para aprobar la prohibición definitiva de los proyectos extractivos en el país.
