miércoles, 11 de mayo del 2022
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Defensoría y Agricultura mantienen controles para evitar abusos en los precios de los lácteos

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El ministro de Agricultura, David Martínez, informó que a partir de esta semana sancionarán a los proveedores que hayan incrementado el precio de los productos sin alguna justificación.

La Defensoría del Consumidor, junto al Ministerio de Agricultura, continúan realizando verificaciones de los precios de los lácteos, ante la denuncia de un aumento en su costo en el país, por lo que las autoridades informaron multas de hasta 500 salarios mínimos a quienes acaparen o incrementen el costo de dicho producto.

“El alza desmedida de los lácteos ha sido provocada de una manera muy abusiva por personas que tienen intereses propios. Advertimos que no dejaríamos pasar por alto esto, y así será hoy. No es justo que jueguen de esta manera con el bolsillo de los salvadoreños”, aseguró el Ministro de Agricultura, David Martínez.

Asimismo, sumó que revisarán las facturas de importación y de no haber razón se actuará con base a la ley.

“No hay razón. De ser que en efecto estén tributando o reportando más en su factura de ingreso podría darse, pero de no hacerlo vamos a actuar. Como gobierno estamos haciendo las verificaciones”, finalizó el ministro.

Recientemente, el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, aseguró que los responsables de estas prácticas podrían ser acreedores de multas y penas de prisión, si se determina que han aumentado los precios de forma injustificada.

“Con este proceso estamos iniciando la identificación de las causas de este incremento de precios que, a nuestro juicio, se deben a situaciones especulativas. Ciertos comerciantes han dicho en las últimas semanas que hay incremento, pero nuestras instituciones están trabajando con base a la ley para verificar”, agregó el funcionario.

Según Salazar, la Ley de Protección al Consumidor (LPC) establece que los proveedores que lleguen a incrementar de manera injustificada los productos, como los alimentos, pueden tener sanciones de hasta 500 salarios mínimos. Además, se las acciones penales que se pueden tomar. «De acuerdo del Código Penal pueden ser de dos a seis años de cárcel», agregó el titular.

Dentro de la información que el Gobierno busca son todos los componentes relacionados a compras, ventas y movimiento de inventario, dicha información permitirá establecer si hay o no el incremento de los precios.

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Redacción ContraPunto
Nota de la Redacción de Diario Digital ContraPunto
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