Miembros de Tutela Legal "María Julia Hernández" aseguraron, este viernes, que ya se encuentra listo el equipo de especialistas de derechos humanos para revisar este lunes, los archivos militares sobre los hechos acaecidos que en 1981 respecto al caso de la masacre de El Mozote.
Está medida se registrará, luego que el juez de Segunda Instancia de San Francisco Gotera, en Morazán, Jorge Guzmán, solicitara analizar los documentos por peritos especializados, investigadores de la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil en al menos 13 guarniciones militares del país.
"Por primera vez el Estado va a prestar su colaboración para hacer inspecciones en el Estado Mayor; esto conlleva la incautación, el secuestro de planes militares contrainsurgentes que se utilizaron para exterminar a la población civil a nivel nacional (en la década de los 80) porque el batallón Cuscatlán operó a nivel nacional", dijo Wilfredo Medrano, representante de Tutela Legal.
Agregó que el proceso penal de la masacre El Mozote contiene abundante prueba testimonial, documental, científica y otros documentos militares enviados por el Estado donde consta la hoja de vida de los 16 imputados.
"El objetivo del señor Juez de Instrucción es hacerse acompañar de los peritos, la Policía Científica para fijar la evidencia de los homicidios donde se localizó, estará la Fiscalía, los defensores y el objetivo es encontrar información de carácter militar", detalló Medrano.
En 2018 fuentes militares manifestaron que tenían conocimiento que habían planes militares en el archivo de la Fuerza Armada y que esos planes históricamente no se destruyen porque representan la historia del país como enfrentó a la guerrilla .
"Por lo tanto consideramos que esos documentos se encuentran en el archivo. El juez al ordenar la diligencia emitió una medida cautelar con el objetivo de asegurar la existencia de esos documentos y no permitir el ocultamiento, la sustración y extravío de documentos, de lo contrario daría lugar a delito", explicó el abogado.
El equipo de abogados afirmó tener un plan B de no encontrar pruebas en la revisión de archivos, tienen prueba abundante para llevar a juicio a los autores intelectuales y mediatos de la masacre al norte de Morazán.
La masacre de El Mozote al norte de Morazán encierra una serie de masacres en el departamento se dio en el marco de un operativo del Ejército de El Salvador, a quien se le atribuye la matanza de cerca de 1,000 personas, en su mayoría menores de edad, ocurrió en diciembre de 1981.
La operación que se investiga y que había sido cerrada por la vigencia de la Ley de Amnistía , la llevó a cabo el Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl, con el apoyo de la fuerza aérea. Entre 1,000 y 2,000 militares se desplegaron en busca de un posible campo de entrenamiento de la exguerrilla, ahora Partido Frente Fabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
De acuerdo con los registros, esa operación se extendió a varias localidades del noreste de El Salvador, entre el 10 y el 13 de diciembre.
Las investigaciones apuntan que durante la jornada violenta, los soldados ingresaron a las aldeas, quemaron casas y animales, separaron a las mujeres y a los niños de los hombres y los ejecutaron.
Otras personas con mejor suerte fueron desplazadas a otras regiones del país o emigraron a Honduras.
Por su parte, el abogado Ovidio Mauricio González, director ejecutivo de Tutela Legal, afirmó que esta investigación topó con obstáculos, y es hasta que después que la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Amnistía, que se registraron avances significativos en las investigaciones de la masacre de El Mozote.
Esta investigación está proyectada para que termine a más tardar en diciembre de este año.
¿Defensa buscaría obstaculizar el proceso?
Por otra parte, la revista digital Factum publicó una nota en donde señala que el ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, habría enviado un escrito al pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para solicitarle a los magistrados que frenen la inspección de archivos militares programada para el próximo lunes 21 de septiembre, como parte de las diligencias ordenadas por un juez en la causa penal.
Según la publicación, el titular de Defensa alegó ante los 15 magistrados de la Corte que, como lo han sostenido los defensores de los acusados por la masacre y la Presidencia de la República, la apertura de los archivos militares de hace cuatro décadas podría poner en riesgo la seguridad nacional.
Ante esto, Contrapunto preguntó a las partes involucradas sobre esa publicación.
La Corte Suprema de Justicia indicó que no hay una postura oficial ante esta información difundida por Factum.
Por su parte, el abogado querellante, David Morales, de igual forma dijo que no han sido notificado de esta medida en los canales oficiales. Respecto a Tutela Legal, el representante de la institución, Wilfredo Medrano, dijo que no han recibido esa información, pero de confirmarse no ve positiva esta acción.
"La Corte Suprema de Justicia en pleno no tiene potestades para revisar, suspender o reprogramar la orden judicial de inspección. Esta acción se registra, significaría una acción política del Ministro de Defensa en orden a justificar un probable incumplimiento y una desobediencia al mandato judicial de inspección del 21 de septiembre. De caso de comprobarse esta acción, es muy probable que la misma cuenta con la autorización de su Comandante General que es el primero de la cadena de mando, es decir, el presidente de la República, Nayib Bukele, y de quien podemos presumir que estaría avalando estas acciones políticas. Si no se permite el proceso de ley, el Alto Mando y el presidente de la República estarían incurriendo en actos arbitrarios, incumimiento de deberes y otras figuras", detalló.
