El analista político, Julio Valdivieso, aseveró que todo ciudadano tiene derecho a organizarse para defender su comunidad y a su familia de acuerdo como lo establece el derecho a la legítima defensa establecida en el Código Penal salvadoreño.
“No estoy de acuerdo con grupos armados ilegales, ni a favor de que los ciudadanos se tomen la justicia por sus manos; eso es otro concepto y están al margen de la ley. Pero el pueblo sí tiene derecho a la legítima defensa reconocida en el Código Penal como una conducta natural del ser humano cuando ve en peligro su vida”, explicó Valdivieso.
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La norma referida contempla que “no es responsable penalmente” quien actúa u omite en defensa propia o de otra persona, siempre y cuando sea probable una agresión legítima, una necesidad razonable de la defensa para impedirla o repelerla; entre otras causas. (Vea C.P.).
El analista explicó a ContraPunto que al momento de que un ciudadano mate a un pandillero o cometa algún otro delito y alegue que fue en legítima defensa, la Fiscalía y la Policía deben detenerlo e investigar si fue así el hecho y dar sobreseimiento definitivo.
Por otro lado, el coordinador del Área Anticorrupción de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Oscar Campos, opinó que el Estado tiene la obligación de satisfacer los derechos de las personas, entre ellos la vida, la propiedad y la seguridad, como lo establece la Constitución.
Campos apuntó que la organización comunitaria es clave para coadyuvar a las autoridades y hacer efectivos los planes y políticas de seguridad, pero la vorágine delincuencial no debe verse como justificación para armar a los ciudadanos.
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“Armar a la ciudadanía es romper con el orden constitucional de las cosas y vulnerar el estado natural de derecho; aunque muchos dicen que no es ilegal porque no hay restricción alguna más que las de registro y portación de armas, yo considero que no es la medida más inteligente que se pueda tomar”, sostuvo el coordinador.
El tema de armar civiles ha despertado acuerdos y desacuerdos. La iniciativa fue propuesta por el presidente del Legislativo, Guillermo Gallegos, quien admitió haber financiado armamento a dos comunidades que son asedadas por estructuras pandilleriles.
Sin embargo, ha sido contundente en declarar que su propósito no es que la población se vuelva asesina de mareros, sino que defiendan sus vidas y las de su familiares.
