El exprocurador de Derechos Humanos y director de litigio de Cristosal, David Morales, aseguró que el Gobierno Central y la Asamblea Legislativa continúan con su objetivo de no hacer justicia en favor de las víctimas de masacres, entre ellas, la del caserío El Mozote, Morazán.
Morales aseguró, que el gobierno actual se resiste a entregar información militar que sería fundamental para el juicio que se lleva en contra de 16 exmilitares que se encuentran señalados de perpetrar el asesinato masivo en El Mozote.
De igual forma, señaló que el Parlamento no está haciendo lo debido, ya que da señales de solo querer favorecer a las personas que estuvieron en el mando castrense en los primeros años de la década de los 80.
¿Cómo avanza el juicio en contra los procesados por la masacre de El Mozote?
El juicio penal en contra de los procesados por el caso de la masacre de El Mozote y sitios aledaños está en una etapa avanzada de la Instrucción, esto es la investigación judicial que ha tenido avances en los últimos tres años. La prueba forense y peritajes especializados han fortalecido notablemente la prueba contra los imputados que son 16 exmilitares, que son miembros del alto mando y exoficiales que tenían mando a una tropa en el Batallón Atlacatl, que se utilizó para cometer este exterminio civil, todavía estamos luchando para obtener la prueba documental más importante que son los documentos militares que tanto el gobierno anterior y en su última respuesta el gobierno actual argumentan que tales documentos no se localizan, lo que nos indica que es una actitud de encubrimiento y falta de voluntad para avanzar con la investigación.
Sin embargo, esperaríamos que en los próximos meses el caso pudiera elevarse a la etapa procesal, que es juico o deliberación de la prueba que permite llegar a una sentencia definitiva.
¿Pueden tomar alguna medida ante esta presunta desaparición de evidencia de estos casos?
Obviamente existe órdenes judiciales internacionales, inclusive la Corte Interamericana de los Derechos Humanos desde 2012 en su fallo de la masacre de El Mozote ordenó que se pusieran públicos los archivos militares y esto también lo ha ordenado la Sala de lo Constitucional en contra la Ley de Amnistía y los documentos pertinentes han sido solicitados por la acusación particular del tribunal al comandante general de las Fuerzas Armadas, pero los documentos más importantes o más relevantes que son los planes militares de la época incluido el plan de la operación rescate, así como la normativa interna militar, las respuestas son en el sentido que la información no se localiza o no existen los archivos.
Estas han sido las respuestas típicas que han dado el expresidente Alfredo Cristiani, luego de manera más sofisticada entregando actas de búsqueda infructuosas lo hizo el presidente Sánchez Cerén y en la respuesta de noviembre lo ha hecho el presidente Nayib Bukele. Nos parece que además de ocultar los planes militares de la operación rescate, se está negando entregar cualquier plan militar de operaciones especiales de los primeros años de la década de los 80m esto es totalmente inverosímil que cientos de operaciones militares especiales que se realizaron en aquellos años no hayan dejado registro documental alguno, parece que se están ocultando desde hace mucho tiempo y continúan ocultándolos por los altos mandos de la Fuerza Armada y ahora por las altas autoridades del gobierno actual, cuyo presidente se había comprometido a desclasificar toda la información.
¿Esto es una señal que fortalece la idea de una verdadera ley que proteja a las víctimas de la guerra civil?
El alto mando que han ejercido en diferentes gobiernos que han ejercido luego de los Acuerdos de Paz, han tenido la voluntad de encubrir y no colaborar con las investigaciones de crímenes de guerra como las masacres que hizo daño a la población civil.
Es lamentable que casi ya a 28 años de los Acuerdos de Paz que ese conmemorará en pocas semanas, que esta actitud persista en el alto mando actual. Por supuesto que esta actitud de encubrimiento también trae responsabilidad a los comandantes generales, que son los presidentes de la República que toleran esto.
No solo se trata del Ejecutivo, porque todos conocemos el rol en favor de la impunidad que ha jugado por más de tres décadas la Asamblea Legislativa, en el sentido de dictar amnistía, negarse a hacer cumplir sentencias o tratados internacionales de Derechos Humanos que condenaban la Ley de Amnistía y la legislatura actual ha tenido uno de los roles más reprochables que ha sido muy activa para generar un fraude a la sentencia de Inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, porque en lugar de aprobar una ley acuerdo a la sentencia de la Sala, han intentado aprobar una nueva ley de impunidad que burle la sentencia y esto se refleja en cinco borradores siendo el ultimo el que trataron de someter en votación en mayo, que produjo la Asamblea Legislativa por impulso de varios diputados de diferentes fracciones que estaban buscando neutralizar los juicios contra crímenes de guerra y un grupo de dirigentes de varios partidos, tiene un propósito claro de proteger a criminales de guerra.
Vamos a una última etapa de discusión de esta ley y los mismos diputados siguen conociendo y siguen anunciando que conformarán un equipo de sus propios técnicos para revisar los proyectos de ley, pero no han realizado algún anuncio que las víctimas serán escuchadas, es decir, que continúa su resistencia a escuchar a las víctimas y quieren imponer sus criterios, que solo buscan la impunidad.
