El último acuerdo entre los militares y la guerrilla, al terminar el conflicto armado en El Salvador, ha sido el más dañino para el país, porque fue el que determinó la impunidad, advirtió el experto en derechos humanos, Benjamín Cuéllar, director en la actualidad del Laboratorio contra la Impunidad.
Luego de seis encuentros en los que participaron los militares, los comandantes de la guerrilla, el gobierno (de Arena) y las Naciones Unidas, se acordó el fin de la guerra y un proceso de pacificación. Todo culminó, ante la comunidad internacional, en enero de 1992. Pero Cuéllar señaló que todavía ocurrió “el último pacto, que es el séptimo. El séptimo se firmó bajo la mesa, y sin presencia de Naciones Unidas. Eso es lo que afecta a este país, porque ese pacto, ese acuerdo, es el que mejor han cumplido: el de la impunidad. Por eso ningún Comandante General de las Fuerzas Armadas que ha llegado al Ejecutivo -de esas dos fuerzas- iba a hacer nada” para romper o terminar con ese pacto.
Cuéllar se refiere a la Ley de Aministía General aprobada por los diputados en 1993. Luego que la Comisión de la Verdad terminó y compartió su informe sobre los crímenes cometidos durante la guerra, la Asamblea Legislativa se apresuró a discutir y votar por esta Ley de Aminstía General. Ese nuevo marco legal suprimía la investigación y búsqueda de justicia por los múltiples casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por la Fuerza Armada y por los insurgentes, convertidos luego en partido: el FMLN.
La Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional esta ley en 2016 y con esa sentencia derribó las barreras para investigar, someter a juicio y determinar responsabilidades de los crímenes cometidos durante la guerra salvadoreña.
Por otro lado, hay que recordar que en El Salvador el presidente de la República tiene también el cargo de Comandante General de las Fuerzas Armadas. Por tanto, los cuatro presidentes de Arena y los dos del FMLN han tenido también esa función.
“La impunidad sigue siendo la base de todos los males que se viven en este país”, lamentó Cuéllar. La falta de castigo para los que cometieron violaciones a los derechos humanos en la guerra envía el mensaje de que, en El Salvador, no hay persecución para estos crímenes. Por eso, señaló Cuéllar, siguen ocurriendo masacres, ejecuciones extrajudiciales y se sigue “alquilando justicia criminal”.
Mientras que David Morales, director de litigios en Cristosal, expresó que esta práctica se ha mantenido inalterada durante todos estos años. “Los altos mandos de la Fuerza Armada posteriores a la guerra, tradicionalmente, han protegido a los violadores de derechos humanos y han tratado de sostener posiciones de impunidad y la falta de colaboración para proporcionar archivos ha sido evidente en las pocas investigaciones que han avanzado”.
Ya el relator de las Naciones Unidas, Fabio Salvioli, manifestó en sus observaciones preliminares que el Estado salvadoreño no ha sabido proveer reparación y justicia para las víctimas de la guerra de los ochenta. Si bien detalló que hay iniciativas que implican avance en esa materia, también destacó que es importante fortalecerlas y ampliar su alcance.
Sobre este pacto de impunidad que persiste, la comisionada presidencial para los derechos humanos, María Silvia Guillén, afirmó que se debe luchar contra el peso de las experiencias pasadas. “Benjamín (Cuéllar) tiene razón. Durante los gobiernos de Arena, la reparación para las víctimas no era un tema. La persecución de la justicia estaba neutralizada”, observó la funcionaria.
Luego matizó en que “en esta gestión de gobierno se ha avanzado en justicia transicional”. Como ejemplo reciente, citó que el presidente Salvador Sánchez Cerén aprobó “sin titubear” la visita de Salvioli. Guillén sostuvo que las observaciones hechas por Salvioli “son ciertas, aunque sean duras”.
Guillén también recordó que la Fiscalía General de la República (FGR) dio un primer paso al designar fiscales a casos concretos de la guerra, aunque están saturados. También recordó la política de reparación, que urge de más prespuesto y alcance. Luego mencionó que el juicio por la masacre de El Mozote se reactivó y que la Corte Suprema de Justicia colaboró al desahogar de otras tareas al juzgado de San Francisco Gotera para que pudiera dedicarse más a este juicio histórico.
Homenajes a militares: otra prueba del encubrimiento
Morales y Cuéllar criticaron la actitud del actual ministro de Defensa, David Munguía Payés, quien calificó este martes de “leyendas” las denuncias de crímenes de guerra cometidos por los militares. Munguía Payés ha sido uno de los altos mandos militares que ha negado el acceso a los archivos de la institución que preside, a pesar que han sido autoridades fiscales, judiciales y del Ejecutivo quienes le han ordenado liberarlos.
El relator Salvioli criticó que haya una brigada de infantería en el oriente del país llamada “Domingo Monterrosa”, en conmemoración al excoronel militar. Monterrosa es acusado de haber sido el operador de la masacre de El Mozote y sitios aledaños. También hay otra unidad militar en el oriente llamada "José Armando Azmitia", conmemorando a otro de los operadores de acciones militares en las que hubo graves violaciones a los derechos humanos. Salvioli pidió cambiar el nombre de la brigada “Domingo Monterrosa” y, sobre eso, el ministro Munguía aclaró que lo hablaron con el expresidente Mauricio Funes por una denuncia similar, anterior. Tras la plática, decidieron no cambiarlo.
Guillén, la comisionada de derechos humanos, lamentó las declaraciones del ministro de Defensa. “El presidente de la República está revisando el nombre (que se dio a) la tercera brigada de infantería (en el oriente), la que tiene el nombre de (Armando) Azmitia, los homenajes en el cuartel El Zapote y una celebración en Joateca”, adelantó Guillén. En Joateca se conmemora el día en que murieron Monterrosa y Azmitia, luego que el helicóptero en el que viajaban se derribó el 23 de octubre de 1984. “Los está revisando para ver qué decisión va a tomar”, dijo Guillén.
Para Morales, el hecho que estos homenajes a los militares señalados por violaciones a los derechos humanos son parte de un pacto político con los altos mandos militares para tratar de mantener la gobernabilidad. “Munguía Payés tiene un rol de complicidad con la impunidad y ha evitado colabrar efectivamente”, resaltó Morales. “Está obligado a dar acceso a cualquier autoridad. Está sometido al Estado de Derecho y debe colaborar con las investigaciones”, apuntó.
Cuéllar, sobre la parte de desacreditar los crímenes y llamarlos leyendas, dijo que “Eso es una evidencia más del encubrimiento del cual él (ministro de Defensa) ha sido, durante 10 años, figura principal”. Después agregó que “Si hubiera tomado en consideración las investigaciones que han hecho organismos intergubernamentales, tendría que callarse el general Munguía Payés”.
