Cuba rechazó “poner fin a la detención arbitraria de activistas políticos” y “revisar las disposiciones jurídicas que restringen los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación”, a pedido de países europeos, latinoamericanos, Australia, Nueva Zelandia y Estados Unidos, en un documento aprobado este viernes por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El informe recoge las recomendaciones que diversos países le formularan a Cuba en el Examen Periódico Universal (EPU), un escrutinio “entre pares” sobre todos derechos humanos, revisión a la que cada Estado miembro de la ONU debe someterse una vez cada 4 a 5 años.
A las peticiones de “poner en libertad a todas las personas que han sido detenidas sobre la base de acusaciones políticamente motivadas”, y cesar con “el hostigamiento y la intimidación de los activistas, incluidas las detenciones arbitrarias de corta duración y la prisión preventiva, así como el arresto domiciliario”, se sumaron, entre otros, Eslovaquia, Canadá, Islandia, España, Austria, Lituania, Países Bajos, Alemania, Bulgaria, Suecia, Chequia, Letonia, Francia, Brasil, Perú y Chile.
“Mejorar el clima para la libertad de expresión tomando medidas para el desarrollo de unos medios de comunicación independientes y pluralistas”, y “eliminar las restricciones al acceso a Internet y relajar el control del entorno general de los medios de comunicaciones”, subrayaron Bélgica y Australia.
“Asegurar que los miembros de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y los periodistas puedan actuar sin obstáculos ni inseguridad, incluso derogando las leyes relativas a la denominada “peligrosidad social predelictiva””, reclamó Irlanda.
Gran Bretaña alentó a “penalizar todas las formas de trata de seres humanos de conformidad con los Protocolos de Palermo, y abordar los elementos presuntamente coercitivos de las prácticas laborales cubanas y las misiones médicas en el extranjero”.
Estados Unidos instó a Cuba a “reformar su sistema unipartidista para permitir elecciones genuinamente libres y limpias con la participación de múltiples partidos que ofrezcan a los ciudadanos opciones reales para su gobierno”, en favor de “un marco jurídico que asegure la independencia judicial”, y por la libertad de viajar “tanto por el país como al extranjero, sin limitaciones”.
Este tipo de recomendaciones no contaron “con el apoyo” de Cuba por “sesgadas políticamente y construidas sobre bases falsas”¦ por parte de quienes, con sus ambiciones hegemónicas, se niegan a aceptar la diversidad y el derecho a la libre determinación del pueblo cubano”.
Cuba esquivó otras recomendaciones mediante el artilugio de “tomar nota”, que en la ONU equivalen a un rechazo, formuladas por una mayor cantidad de países, para que ratifique los Pactos de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, sus Protocolos Facultativos, de abolición de la pena de muerte y aceptación de quejas individuales, y los de las convenciones contra la tortura, derechos del niño, personas con discapacidad, y discriminación contra la mujer.
Además se exhortó a Cuba a ratificar la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados (ACNUR), la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y “hacer efectiva una invitación permanente a todos los procedimientos especiales”, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que visiten Cuba (relatores especiales y Grupos de Trabajo).
Cuba replicó que “muchos de los temas” de los que tomó nota, “son aplicados… o se están dando o prevén dar pasos para su cumplimiento”, pero debido a la manera en que han sido redactadas, no es posible cumplirlos “por el momento”. Sin embargo, “continuaran siendo analizadas acorde con las leyes cubanas, los procesos institucionales del país, y los principios que rigen el sistema político escogido por el pueblo cubano”.
