Por Carlos Santos
En enero de 1982, la vida de un adolescente salvadoreño cambió para siempre.
Raúl Alberto González Pocasangre tenía quince años, cursaba séptimo grado en la Escuela Metropolitana de Ciudad Delgado, y pasaba unos días en casa de un tío cuando, una mañana alrededor de las diez, cuatro jeeps de la Guardia Nacional rodearon la vivienda. De cada vehículo descendieron entre cuatro y seis guardias, armados con fusiles G-3. Traían una lista de nombres. En ella estaba el suyo.
“Me sacaron y me dijeron que iba detenido en vías de investigación”, recordó Raúl en una entrevista realizada años después. En el trayecto hacia el cuartel central, su madrastra lo vio. Siguió los vehículos hasta la entrada del recinto y observó cuando lo hicieron entrar. Al preguntar por él, los agentes lo negaron: “Aquí no ha entrado nadie”, le dijeron. Sólo al día siguiente admitieron que lo tenían detenido, pero aseguraron que había llegado “herido por delincuentes comunes”.
La versión era falsa. Esa misma noche del viernes 15 de enero, los guardias lo vendaron, lo esposaron y lo llevaron a un sótano del cuartel. “Era un cuarto oscuro, debajo de la cancha”, contó. Allí comenzaron los interrogatorios. Le exigían nombres, direcciones y vínculos con la guerrilla. Cuando no respondió, uno de los agentes —un teniente ebrio— desenvainó un machete y lo golpeó en la cabeza. “Sólo sentí algo caliente que me bajaba”, dijo. Luego el teniente le cortó el labio. “Me choyó… aquí en la cara. Y yo le dije: pues si ya me comenzaste, termíname mejor”.
Lo devolvieron a la celda, desangrándose. Otro guardia, que estaba castigado, le preguntó qué le habían hecho. Raúl apenas pudo recostarse sobre una lona y perder el conocimiento. Cuando despertó, pidió ayuda. Lo llevaron a la enfermería, donde le cosieron las heridas “sin anestesia, sólo así nomás”, sin antibióticos ni cuidados posteriores.
El sábado siguieron los golpes, culatazos y torturas físicas. Lo hacían correr vendado hasta estrellarlo contra la pared. El domingo, los interrogatorios se detuvieron: le anunciaron que al día siguiente sería trasladado a la Policía Nacional. Antes de enviarlo, le ordenaron mentir: debía decir que había llegado herido, que la Guardia no lo había tocado. Su madrastra, engañada, firmó un papel en blanco donde se registró aquella versión.
En la Policía Nacional, Raúl pasó aproximadamente un mes. Las torturas continuaron, con nuevas rutinas: lo sacaban de la celda a medianoche, lo amarraban y lo llevaban a una “tarima”, donde lo golpeaban, lo hacían correr a ciegas, y aplicaban torturas psicológicas. “Nos subían a microbuses, amarrados, y decían: ‘ahorita los vamos a matar’. Chequeaban las armas, y uno temblaba del miedo. Pero no disparaban. Era tortura mental”, relató.
Durante ese tiempo, miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja llegaron a inspeccionar el penal. Al verlo con las heridas infectadas, exigieron que lo atendieran. “Les dije que si no me quitaban los puntos podía agarrar gangrena”, contó. Los médicos lo curaron parcialmente y lo devolvieron a su celda.
Al cabo de un mes, fue trasladado al Centro Penal La Esperanza, en San Luis Mariona, junto a otros presos políticos. Pasó también por el penal de Santa Tecla, donde compartió celda con figuras conocidas como Morales Carbonell y Héctor Bernabé Recinos. “Ahí las torturas eran parejas —recordó—. No importaba si uno era menor de edad. A todos nos golpeaban igual.” En una ocasión, durante una requisa, los reos fueron obligados a tirarse al suelo mientras los guardias caminaban sobre ellos, apuntándolos con fusiles y lanzando piedras desde los techos.
Raúl estuvo encarcelado cerca de dos años. Salió gracias a la intervención de una familia amiga que logró gestionar su liberación. “No era conveniente que yo me quedara aquí”, le dijeron. A los diecisiete años, cargaba con cicatrices visibles en la cabeza y el rostro, y con heridas invisibles que nunca cerraron.
Del archivo al testimonio
El nombre de Raúl Alberto González Pocasangre aparece en los archivos del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada bajo el código G-62, en la Sección II del llamado Libro Amarillo. En su ficha policial, una fotografía muestra su rostro herido. El documento, hallado en 2013, reveló un registro sistemático de casi dos mil personas consideradas “enemigos del Estado”: estudiantes, sindicalistas, catequistas, campesinos y menores de edad.
La historia de Raúl ilumina ese archivo con rostro humano. Detrás de cada código y cada ficha hay una vida rota, un cuerpo torturado, una infancia interrumpida. Su caso demuestra que la violencia estatal no solo perseguía ideas: también perseguía edades, sospechas, rumores.
El muchacho que sobrevivió al machete sigue siendo un testimonio vivo de una época en la que el silencio era parte de la estrategia. Su voz, hoy, rompe ese silencio.
“Las torturas eran parejas. No importaba si uno era menor. Nos golpeaban igual.”
El muchacho que sobrevivió al machete sigue siendo testimonio de una generación que conoció la muerte antes de entender la vida.
