Víctimas, activistas y defensores de Derechos Humanos del colectivo de Salvadoreños y Salvadoreños Construyendo Memoria rindieron homenaje a las víctimas y a los fallecidos durante la Guerra Civil de El Salvador. Y demandaron al Estado el acceso a la verdad y a la justicia ante las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado.
Asimismo, los defensores reiteraron la demanda al Ejecutivo y al Estado Mayor de la Fuerza Armada (EMCFA) para la apertura de los archivos históricos de las masacres perpetradas durante la Guerra Civil de la década de 1980, conflicto que dejó un saldo mayor a los 75,000 muertos.
Irma Serrano, miembro del colectivo, definió que la manifestación tenía el propósito de “pedir en nombre de todos los asesinados de las masacres de Morazán, las del Mozote, y de los cantones aledaños, porque ese es el caso ahorita que está en discusión. Pero hay muchas otras masacres, y todas nosotras tenemos familiares que han sido desaparecidos y que han sido asesinados, por lo que nos trae con mucho más interés a mantener ésta demanda de abril los archivos para conocer la verdad”.
“Venimos para reivindicar la memoria, para pedirle al Estado Mayor y a la Presidencia de la República que abran los archivos, pero que nosotras y nosotros siempre vamos a estar aquí, en búsqueda de la Verdad y de la Justicia; y, poniendo en el centro la memoria”, añadió Amanda Castro, defensora de derechos humanos y una de las víctimas del Conflicto Armado.
El colectivo, asimismo, demandó el cumplimiento de las diligencias procesales ordenadas por el Tribunal de Instrucción de San Francisco Gotera, el pasado 28 de agosto, sobre la causa penal 238/1990, conocida como “Masacre El Mozote y Lugares Aledaños”, misma que fue interrumpida por el EMCFA el pasado 21 de septiembre del presente año, alegando la protección a la Seguridad Nacional.
Por tal motivo, el Procurador para la Defensa por los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, y el Instituto Universitario de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) interpusieron sus respectivas demandas al Ejecutivo, en las que exigían la entrega de la información requerida por el Juez de Instrucción Jorge Guzmán Urquilla. El requerimiento busca deducir la responsabilidad de 16 ex-militares del Batallón Atlacatl, a quienes se les vincula con la ejecución de 978 personas, y con la afectación de al menos 1,658 víctimas de la Masacre El Mozote y Lugares Aledaños.
“¿Si sólo habían cuatro carpetas, por qué no permitir que entre el Juez de Instrucción de San Francisco Gotera a verificar la información?. No es posible que en nombre, nuevamente, de la Seguridad Nacional se niegue el acceso a la Verdad y el acceso a la Justicia para las víctimas, que por más de 30 años han tenido que soportar la impunidad de la cual éste gobierno, como los anteriores gobiernos también es partícipe y responsable”, cuestionó Alejandra Burgos, de la Red Salvadoreña de Defensores.
También consideran que las privaciones del Ejecutivo y Comandante General de la Fuerza Armada al acceso a la información requerida no es pertinente a su cargo.
“Son los peritos los que tienen qué decir cuál es una prueba y qué no: son los especialistas en la materia, no el presidente… O sea, esa no es su competencia”, sentenció Serrano.
VEA: REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO MAYOR PRESIDENCIAL
Las demandas no terminarían hasta que el Ejecutivo entregue expedientes
El Colectivo de Salvadoreñas y Salvadoreños Construyendo Memoria sostiene la demanda al Ejecutivo de abrir los expedientes militares del Estado Mayor para el resarcimiento de las víctimas. Las defensoras también acordaron en rendir homenaje a las personas fallecidas en la guerra los días lunes.
“Ésta actividad va a ser todos los lunes, para insistir que hay una demanda de la ciudadanía en conocer la verdad de los asesinatos de lesa humanidad que se cometieron durante el conflicto. Se esperaba que hubiera resistencia, pero no una complicidad con la impunidad, de parte del presidente. Eso ha sido un golpe para ésta lucha”, estableció Serrano.
También cuestionan la participación del Ejecutivo en la atención de las demandas requeridas por las víctimas.
“Nos parece que el hecho de que el señor Bukele esté invitando a familiares de las víctimas a Casa Presidencial, ahí se comprometió; y nos parece que está incumpliendo con lo que se comprometió. Nos parece que fue una total mentira, nos parece que fue un comercial; nada más un hecho mediatizado. Pero no se ha construido en una realidad concreta de justicia con las víctimas. Y que, mientras eso no suceda, vamos a seguir aquí todos los lunes, a las 7:30 de la mañana, para construir memoria”, expresó Burgos.
En efecto, el pasado 18 de junio de 2019, el Presidente de la República, Nayib Bukele, expresó su apoyo a las víctimas del Conflicto Armado, en una reunión en Casa Presidencial, misma que es cuestionada, ya que las demandas en contra del mandatario persisten.
Por otro lado, los defensores también instaron a la sociedad salvadoreña a participar en la conmemoración de las víctimas del Conflicto Armado.
“Invitamos también a toda la sociedad salvadoreña. Ésta herida también es suya. Entonces, súmense a ésta búsqueda de la Verdad”, dijo Amanda.
