Existe mucha preocupación de la mayoría de afiliados a las AFP por el poco monto de pensión que pueden recibir cuando se jubilen y por el hecho que de su cotización se financia parte de la deuda gubernamental de pensiones, de acuerdo a la segunda reforma de pensiones realizada en septiembre de 2017; así también por la forma en que el INPEP está cuantificando el monto de la pensión.
La tercera reforma de pensiones debe ser una reforma en función de los intereses de los afiliados y bajo la supervisión de los mismos; el objetivo es lograr que se pague una pensión digna, de acuerdo al monto de las cotizaciones, la rentabilidad del fondo de pensiones, el costo de administración de las pensiones y la esperanza de vida de la población; el Estado debe asegurar que los trabajadores realicen el ahorro obligatorio para recibir una pensión y que esos ahorros serán administrados adecuadamente. El modelo financiero del sistema de pensiones debe asegurar la sustentabilidad del sistema, basada en una rentabilidad adecuada de las inversiones del Fondo de Pensiones; para ello se debe ampliar el tipo de inversiones para el Fondo de Pensiones, el monto y el período de la cotización debe estar en función del monto de las pensiones que se deben pagar y utilizar una tasa de actualización en el tiempo que refleje la pérdida de valor de la moneda. La pensión mínima para los afiliados y las pensiones para los no afiliados deben ser financiadas por el Estado, así como el pago de la deuda de las entidades gubernamentales que han utilizado el fondo de pensiones. El pago por los servicios de administración de las pensiones debe estar de acuerdo a los costos de operación y una rentabilidad normal. El gobierno puede crear una AFP para administrar las pensiones, o promover la creación de otras AFP privadas de tal manera que exista competencia en este mercado financiero.
Durante la campaña electoral presidencial, el partido Nuevas Ideas propuso revertir la reciente reforma por ser injusta y que solo beneficia a las AFP; que se debe respetar la propiedad del dinero de los trabajadores y garantizar que reciben los rendimientos por prestar el dinero acumulado en el Fondo de Pensiones; invertir los fondos donde haya más rentabilidad y que algunas de esas inversiones financien proyectos de desarrollo. Se pretende hacer una reforma del sistema de pensiones que ponga en primer lugar al ser humano, a los trabajadores, con pensiones dignas, en un segundo y lejano lugar la fiscalidad del Estado y por último a las AFP; la pensión es un derecho humano; un nuevo sistema de pensiones debe ser sostenible en el tiempo. También se prometió garantizar fondos para darles pensión a las personas que han quedado fuera del sistema previsional. En las últimas semanas de la campaña electoral se publicó el Plan Cuscatlán, pero por alguna razón no se incorporó la política de pensiones.
Una vez que Nayib Bukele fue confirmado como presidente electo, el arzobispo de San Salvador demandó del nuevo Gobierno que trabaje por un sistema de pensiones justo y que favorezca a los trabajadores ya que considera que no se puede salir del subdesarrollo con el sistema actual [1]. Analistas urgieron a Bukele que logre acuerdos desde que inicie su gestión en el tema de pensiones [2]. Una dirigente del FMLN declaró que su partido estaba dispuesto a apoyar al nuevo presidente para nacionalizar el sistema de pensiones, pero éste en ningún momento ha propuesto esa solución, fue precisamente el FMLN el que intentó durante más de dos años en ejecutar esa política y fracasó, creando las condiciones para que las AFP se aprovecharan y lograran hacer una reforma en contra de los intereses de sus afiliados al aumentar la cotización para financiar parte de la deuda que el gobierno tiene con las AFP [3]. En un artículo publicado por la UCA se expresa que el próximo gobierno deberá evitar el colapso del sistema de pensiones, que supone una de las mayores cargas de la deuda pública nacional [4].
Urge que Nayib Bukele cree un equipo de trabajo para definir los criterios iniciales para una tercera reforma del sistema de pensiones, para negociarla con las organizaciones laborales, así como con otras fuerzas políticas.
