Por Alonso Rosales
La situación actual del sistema de salud en Cuba expone, con crudeza, las consecuencias humanas de decisiones políticas que trascienden fronteras. El endurecimiento del bloqueo impulsado durante la administración de Donald Trump no solo ha tenido efectos económicos: hoy, según médicos en la isla, está contribuyendo directamente a la pérdida de vidas que podrían haberse evitado.
En hospitales de La Habana y otras provincias, la crisis ya no es abstracta. Es visible en quirófanos paralizados, en incubadoras que dependen de una electricidad inestable y en pacientes que no reciben tratamientos esenciales a tiempo. Los apagones prolongados, derivados de la escasez de combustible, han puesto en riesgo a personas que dependen de equipos médicos para sobrevivir. Para muchos, la continuidad de la vida depende literalmente de que haya corriente eléctrica.
El bloqueo, que restringe el acceso a combustible, medicamentos, equipos médicos y canales financieros, ha debilitado gravemente la capacidad operativa del sistema de salud cubano. Aunque la isla arrastra problemas estructurales internos —como una economía estancada y decisiones políticas cuestionables—, el impacto de las sanciones ha agravado estas limitaciones hasta niveles críticos.
Médicos en el terreno describen una realidad alarmante: tratamientos como la quimioterapia o la diálisis se interrumpen, ambulancias quedan fuera de servicio por falta de gasolina y las farmacias carecen de insumos básicos. La producción nacional de medicamentos también se ha reducido drásticamente, debido a la dependencia del combustible y a las dificultades para importar materias primas.
El resultado es una presión creciente sobre el personal sanitario, que se enfrenta a decisiones éticamente devastadoras: priorizar qué paciente recibe atención y quién debe esperar. Este tipo de escenarios, más propios de contextos de guerra o crisis humanitarias extremas, se están volviendo cada vez más frecuentes en la isla.
Históricamente, Cuba fue reconocida por su sistema de salud universal, con indicadores comparables a los de países desarrollados. Sin embargo, el deterioro reciente es evidente. El aumento de la mortalidad infantil en los últimos años refleja un sistema que ya no logra sostener sus propios estándares.
Es importante señalar que la responsabilidad de esta crisis no recae exclusivamente en factores externos. Las políticas económicas internas, la mala gestión de recursos y la falta de reformas estructurales también han contribuido al deterioro. No obstante, el endurecimiento del bloqueo ha funcionado como un acelerador de la crisis, limitando aún más las posibilidades de respuesta.
Criticar el impacto del bloqueo no implica ignorar las fallas del gobierno cubano. Significa reconocer que las sanciones, tal como están diseñadas, terminan afectando desproporcionadamente a la población civil, especialmente a los más vulnerables: niños, ancianos y enfermos.
Cuando el acceso a medicamentos, electricidad o atención médica se convierte en un privilegio incierto, el debate deja de ser ideológico y se vuelve profundamente humano. Las políticas internacionales deben evaluarse no solo por sus objetivos estratégicos, sino por sus consecuencias reales en la vida de las personas.
Hoy, en Cuba, esas consecuencias son visibles en cada hospital que lucha por mantenerse en funcionamiento. Y en cada paciente que espera, con incertidumbre, una atención que debería ser un derechos
