Miembros de la ONG CRISTOSAL dieron a conocer este martes que creará un centro de monitoreo de desplazamiento interno por violencia, para analizar casos, ordenar registros y características de los mismos, y poder establecer programas y políticas de beneficio a las víctimas, ante el vacío que genera el no reconocimiento de este flagelo por parte del Estado salvadoreño.
“CRISTOSAL está convencido que no es posible generar políticas y programas de atención y asistencia a la población desplazada, si no se cuenta con registros válidos que permitan ser coherentes con la necesidad humanitaria y de protección de la población desplazada internamente por violencia de pandilla y criminal”, dijo Juan José García, miembro de CRISTOSAL.
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Esta ONG sostiene que este centro de monitoreo operará en tres fases que como lo son: la formulación de instrumentos metodológicos y registro de recolección de información que permitan una caracterización a profundidad de esta población desplazada, y primeros informes ya dan pistas sobre estas tendencias.
Además, la creación de una plataforma informática que permita el almacenamiento y procesamiento de esta información; y por último, formulación y desarrollo de informes que analicen las características y necesidades de víctimas para ser coherentes en la asistencia y acompañamiento que se les dará.
De acuerdo con Celia Medrano, parte de CRISTOSAL, se requiere una legislación que reconozca el fenómeno, y trabajar bajo la responsabilidad del Estado salvadoreño de asumir la asistencia y protección a las víctimas, y la generación de condiciones para que estas familias puedan estar permanentemente en una situación de seguridad que les permita rehacer sus vidas.
“Porque la magnitud de este fenómeno puede ser muy grande, sabemos que no hay capacidad de responder a este fenómeno sino se actúa de manera integral, conjunta y con enfoque basado en derechos, es decir que Estado asuma la responsabilidad de atender y proteger a las víctimas de violencia en condición de desplazamiento interno”, expresó Medrano.
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Según CRISTOSAL, a la fecha se han presentado cinco recursos de amparo de familias ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). De estos, ha habido resolución en un amparo señala y obliga a Fiscalía General de la República (FGR) y Policía Nacional Civil (PNC) por no actuar oportunamente y les ordena proteger a las víctimas.
De hecho, se trató del caso de una familia de un soldado. La Sala ordenó el pasado 6 de octubre las referidas instituciones, que protegiesen la familia de un militar que eran acosados por miembros de la pandilla Barrio-18. La Sala además declaró el caso en reserva total por seguridad de víctimas.
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Sobre esta resolución, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos saludaron la decisión de la Sala, e instan al Estado de El Salvador a reconocer y adoptar medidas para prevenir el desplazamiento, así como para garantizar los derechos humanos de las que se han visto forzadas a desplazarse de sus hogares.
