La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un organismo que tiene jurisdicción en El Salvador, pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores que rinda un informe sobre el anteproyecto de ley de reconciliación que los diputados están estudiando en la Asamblea Legislativa.
Esta petición llega en el contexto del cumplimiento de la sentencia que la CIDH dictó sobre el “Caso de las masacres de El Mozote y sitios aledaños”. En esta sentencia, la corte ordenó al Estado salvadoreño a investigar y sancionar a los responsables de esa masacre.
De acuerdo a la nota que se remitió a Relaciones Exteriores, la corte hace referencia a que las organizaciones de víctimas han advertido que la propuesta de la subcomisión dificultará la investigación de graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en la guerra de los ochenta.
Así, en la carta del 22 de mayo la CIDH pidió tener detalles acerca del anteproyecto de ley en el que han estado trabajado los miembros de la subcomisión legislativa. Esto, para determinar si el contenido es compatible con la sentencia de El Mozote, en particular en el tercer punto resolutivo e el que ordenan “abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía en beneficio de los autores, disposiciones análogas” y toda suerte de artilugos jurídicos “para excusarse de la obligación de investigar las graves violaciones ocurridas en el presente caso”, es decir, la masacre de El Mozote y sus alrededores.
Además, piden conocer cómo ha avanzado el proceso de formación de ley y el procedimiento que sigue.
Por último, la CIDH también solicita informar sobre “la posición que ha asumido el Poder Ejecutivo ante el Poder Legislativo” respecto de este anteproyecto de ley de reconciliació y su posible incompatibilidad con la sentencia que ya se ha mencionado de la masacre de El Mozote.
El actual anteproyecto limita la investigación de los crímenes de guerra y las graves violaciones a derechos humanos a los que tuvieron alguna participación directa, sin sancionar a los que ordenaron la ejecución de estos actos. También cierra un período para decidir qué casos se investigarán, lo cual causa conflicto con la característica de que estos delitos son imprescriptibles.
