Durante los últimos 15 años, la Fiscalía General de la República (FGR) ha procesado varias investigaciones, indicios, pesquisas y allanamientos a propiedades de funcionarios señalados de actos de corrupción, pero solo conoce una condena en la época reciente: la condena de Carlos Perla, expresidente de ANDA quien guarda prisión desde 2004 por los delitos de peculado, negociaciones ilícitas y administración fraudulenta en prejuicio del Estado.
El expresidente Francisco Flores, el tercero en la era del partido ARENA, fue acusado de los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y desobediencia, pese a su fallecimiento, el caso continúa con otros involucrados y se suma a esa larga lista de procesos que aún no concluyen en una sentencia definitiva.
Otro expresidente que también engrosa la lista es Elías Antonio Saca. La FGR presentó en abril del presente año, una demanda y acusación formal ante los tribunales civiles en contra de Saca y su esposa, Ana Ligia de Saca, por presunto enriquecimiento ilícito tras reflejar un incremento injustificado en su patrimonio personal por más de cuatro millones de dólares al finalizar su periodo presidencial en 2009. El caso continúa.
Más recientemente, Mauricio Funes, el primer presidente de la izquierda salvadoreña por el FMLN, atraviesa una investigación en la que la FGR lo investiga por peculado, malversación, enriquecimiento ilícito, negociaciones ilícitas y tráfico de influencias, derivado de un proceso civil que enfrenta él, su hijo Diego Funes y su exesposa Vanda Pignato, ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)por enriquecimiento ilícito al no poder justificar 728,000 dólares en su declaración patrimonial al dejar la presidencia en 2014.
La FGR allanó el pasado 17 de agosto durante 72 horas algunos de los inmuebles propiedad de Miguel Meléndez conocido como “Mecafé” para obtener indicios de delitos ligados a la corrupción de su amigo, el expresidente Mauricio Funes a través de posibles favores a las empresas de Meléndez.
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En ese escenario, analistas concuerdan que la FGR y el Órgano Judicial han comenzado tener muestras de voluntad para enfrentar la corrupción, pero les falta capacidad.
“El estado y la institucionalidad no muestra capacidad para combatir la corrupción. Lo que muestra es tal vez voluntad de querer comenzar a hacer algo por su país, pero lo que demuestra es una falta desesperada de recursos y de capacidad”, expresa Paul Steiner del Movimiento “Democracia Limpia”.
Steiner asegura que la FGR comienza a tener contundencia en términos de investigación. “Eso nos alienta y nos hace sentir que hay esperanza pero todavía no hay ninguna condena ni juicio penal que realmente valga la pena. En el caso Funes-Mecafé lo que vemos es una investigación basada en cinco delitos pero aún no hay acusación”.
Además puntualiza que lo preocupante en el escenario de corrupción que vive el país es el factor tiempo pues el plazo de prescripción de delitos está próximo a llegar para casos como el de Saca que prescribe en 2019; así como los intereses de las cúpulas de los partidos políticos.
“Qué desilusión va a haber si esto es una llamarada de tusa o si se vuelve una manera de distraer mientras prescriben otros casos. No sabemos quién está detrás del fiscal”, concluye Steiner.
Por su parte el analista político, Roberto Cañas, aseguró que para allanar siete propiedades en el caso Funes-Mecafé, la FGR debe estar preparada para llegar hasta el final.
“La FGR debería tener capacidad de combate a la corrupción porque si se mete a una operación como esa y resulta que no hay nada, queda en entredicho el Ministerio Público, no habría credibilidad. Es una apuesta de alto riesgo. Cuando se hace una operación como el allanamiento, lo hace porque eso va a robustecer las pruebas que tiene”, sostiene Cañas.
El también firmante de los Acuerdos de Paz considera que la FGR no responde a agendas políticas, pues las pruebas que presentó ante la jueza 5° de Paz fueron contundentes para que se aprobara el allanamiento, sin embargo, no descarta que administraciones fiscales pasadas, sí respondiesen a agendas políticas.
Asimismo, Cañas calificó “inaceptable” que Jorge Velado, presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) del partido ARENA, deseara que Funes atravesara por lo mismo que sufrió el expresidente Flores.
“Lo que está reavivando es la confrontación, la polarización que no ayuda en nada para sacar adelante al país. Es inaceptable”, concluyó.
FMLN y el respaldo a Funes
Por otro lado, el mandatario afirmó a través de sus redes sociales que se encuentra fuera del país, y calificó de “show” la intervención de la FGR en los inmuebles de su amigo Mecafé. Igual postura presenta el partido que lo llevó al poder en 2009, el FMLN.
La diputada del FMLN, Nidia Díaz, sostiene que todo se trata de un plan de desprestigio en contra de miembros de la izquierda salvadoreña y particularmente contra el expresidente Funes.
“Esos casos así nos parecen parte de una acción para debilitar las personalidades. Los sectores de poder odian mucho a Mauricio Funes porque en su administración él descubrió muchos casos que llevó a la Fiscalía y algunos tuvieron cárcel como Francisco Flores”, dijo a ContraPunto la parlamentaria.
Díaz sostiene que hay un enojo permanente en algunos sectores de poder, por lo que no sorprendería que ellos mismos hagan las acusaciones como acciones de querer desprestigiar a alguien que los ha acusado en otros momentos.
La parlamentaria asegura que las acusaciones en contra de Funes carecen de fundamento, y que el exmandatario ha presentado sus pruebas de descargo ante la Sección de Probidad de la CSJ de forma correcta.
Nidia Díaz hace un llamado a la FGR a investigar los más de 160 casos que presentó la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción del actual gobierno, en contra de las administraciones en los gobiernos de ARENA como las irregularidades en la construcción del bulevar “Monseñor Romero” y el Hospital de la Mujer, entre otras.
Asimismo es enfática al afirmar que de ser desfavorable a Funes el resultado de las investigaciones, el FMLN podría no continuar con su respaldo.
“No respaldaremos cualquier resultado porque nosotros somos un partido acogido a la Constitución de la República y estamos dentro de un marco jurídico. Lo que exigimos es que la justicia opere. Como decía monseñor Romero, la justicia solo pica a los descalzos”, expresa Díaz.
Si bien las investigaciones en los caso Flores, Saca y Funes continúan, al igual que otros cientos de investigaciones en contra de funcionarios de menor rango como alcaldes, ministros y hasta diputados, los analistas concuerdan que es urgente que se dote a la FGR de más recursos y se capacite a su personal. Coinciden en que si no hay una condena ejemplarizante, la credibilidad en las autoridades para combatir la corrupción habrá caducado.
