martes, 16 abril 2024

Allanan propiedades de empresario vinculado a gobierno Funes

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En la operación se han incautado decenas de archivos y computadoras; Funes niega que haya cometido delitos y que la fiscalí­a hace un "show"

La Fiscalí­a General de la República (FGR) allanó la tarde de este miércoles las oficinas y propiedades del empresario Miguel Menéndez conocido como “Mecafé”, con el fin de recabar evidencias relacionadas con delitos de corrupción durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes.

Por su parte, el expresidente Funes negó en su cuenta de Twitter que haya cometido delitos y que la fiscalí­a hace un "show". Escribió no tener inmuebles ni cuentas no nada que ver con las inversiones de "Mecafe".

De acuerdo con la FGR,  son siete las propiedades de Mecafé las que son allanadas entre las que destacan viviendas, el despacho contable “Ochoa Bení­tez”, una empresa de seguridad privada, entre otras, vinculadas a Miguel Menéndez.

En la operación se han incautado según la FGR, decenas de archivos y computadoras de las propiedades allanadas, con el fin de buscar indicios de corrupción ocurridos entre 2009 y 2014.

Autoridades fiscales aseguraron que este allanamiento se da luego de una exhaustiva investigación de la relación entre Mecafé y Mauricio Funes. La FGR acusa a de peculado, malversación, enriquecimiento ilí­cito, negociaciones ilí­citas y tráfico de influencias.

Fragmento de orden de allanamiento por los delitos que se investigan. Foto/FGR

"Las investigaciones determinarán la forma exacta en que el empresario se favoreció de la administración del expresidente Funes", aseguró Andrés Amaya, jefe de la Unidad Anticorrupción de la FGR.

Funes rebatió además que haya habido "tráfico de influencias" con licitaciones otorgadas durante su gobierno a "Mecafe".

De acuerdo a una publicación del periódico El Faro en febrero de 2013, la compañí­a de seguridad propiedad de Miguel Meléndez obtuvo contratos con el gobierno del presidente Mauricio Funes que promedian los 4.2 millones de dólares anuales, con lo que se ha convertido en el proveedor al que el Ejecutivo otorga la porción más grande del pastel de servicios de seguridad privada.

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