Por Alessia Genoves
Percepción de la corrupción baja al 4% en El Salvador. El dato responde al resultado del último estudio de opinión pública, desarrollado por la empresa Cid Gallup, que sitúa a El Salvador como el país con menor porcentaje de percepción de corrupción en América Latina. La tendencia es recurrente en el registro comparativo de la empresa, durante los últimos 3 años, durante los que se observa un descenso del 50% en cada año transcurrido.
Transparencia Internacional, sin embargo, ha posicionado a El Salvador en en el puesto 116 del Ranking de al menos 180 países con mayores índices de corrupción evaluados en el mundo. De modo que, El Salvador ha acumulado 33/100 puntos en los índices de limpieza a la corrupción. En contraste, países con menores niveles de corrupción, como Dinamarca, se posicionan en el primer rango; y acumulando con 90/100 puntos sobre los índices de limpieza a la corrupción.
ContraPunto observa que la percepción de la corrupción varía conforme a los indicadores de evaluación de las instituciones que miden los niveles de irregularidades en cada país; y el estudio establece que la medición de la misma es asertiva 0% al 100%. Como se ha observado, Cid Gallup mide la opinión pública, con una percepción decreciente en el tiempo; mientras que Transparencia Internacional mide la variabilidad sobre la percepción de hechos de corrupción en el tiempo, y atribuye 100 puntos al los países que están “más limpios de corrupción”, y puntajes menores a los más corruptos. En ésta última, se observa en El Salvador un incremento en los Índices de Percepción de Corrupción (IPC), en el tiempo.
Cid Gallup: opinión llega al 4%
4% es la percepción de la corrupción, en opinión de los salvadoreños evaluados por la empresa Cid Gallup. El resultado, como se ha mencionado, responde al resultado del último estudio de opinión público en competencia, desarrollado por la empresa; en el que participaron 1,200 personas. Al mismo tiempo, los datos comparativos lo definen como el país menos corrupto en América Latina, en términos de opinión ciudadana.
El Salvador, de hecho, ha reducido la percepción de la corrupción en los últimos 3 años. Esto lo demuestra la misma empresa, que rindió un resultado de opinión ciudadano del 7%, en la encuesta publicada el pasado 19 de octubre de 2022; mientras que en la encuesta publicada el pasado 10 de febrero de 2021, la métrica llegó a un límite del 16%.
15 países de América Latina han sido evaluados en los últimos 3 años por Cid Gallup, para establecer la percepción de la corrupción en cada uno de ellos; sin embargo, en cada uno de los años transcurridos, han sido 13 los países evaluados. Chile sería, a juicio de sus ciudadanos, el segundo países de América Latina con una menor percepción en corrupción, rindiendo una percepción en la probabilidad de corrupción, de hasta el 14%.
México es el tercer país con menor percepción de corrupción, con un 21% de probabilidad de hechos de corrupción; sin embargo, el resultado es superior al 19% de la encuesta del 2022; y al 17% de la encuesta del año 2021. Entretanto, Costa Rica comparte las mismas métricas que Nicaragua para el año 2023, con un 22% en la percepción sobre probables hechos de corrupción; sin embargo, el resultado es superior respecto al 15% del año 2021, pero menor al 42% del año 2021 para el caso del primero. Mientras que, para el caso de Nicaragua, el resultado sería superior respecto al 18% registrado en los años 2022 y 2021.
República Dominicana incrementaría los niveles de percepción de la corrupción al 24% éste 2023. El resultado es superior respecto al 10% del 2022, y al 8% del año 2021. La tendencia sería similar en Honduras, que acumuló una percepción del 24% en niveles de corrupción; que es un resultado superior al 20% registrado en 2022; y al 45% registrado durante el año fiscal 2021.
Panamá, por su parte, llevaría la percepción en los niveles de corrupción al 37%; una cifra que, de hecho, sería superior a la del 26% del año 2022, pero inferior respecto al 35% del año 2021. Mientras que Ecuador tendría el mismo resultado similar al de Panamá, para el 2023; sin embargo, los resultados serían crecientes ya que en 2022 se llegó al 26%, y para el año 2021, ésta era del 25%.
Venezuela acumularía su percepción en la corrupción al 39% para 2023, un resultado superior al 33% del año 2022. Ambos resultados serían superiores a los de Guatemala, ya que la población opina que la corrupción se percibe en un 40%; la proporción es superior al 42% del año 2022 pero inferior al 35% del año 2021.
Colombia, por otra parte, vería la percepción popular sobre la corrupción elevarse a un 44%, cuando el año 2022, la percepción era del 36%. Sin embargo, el último resultado aún es inferior al 48% de los niveles de corrupción que opinaba la población en el año 2021. Entretanto, en Perú se observa la percepción de la corrupción ha incrementado al 61%; es decir, un resultado casi mayor al 50% respecto del conseguido durante los 2 años anteriores: 38% y 32%.
Transparencia Internacional y El Salvador
Transparencia Internacional ubica a El Salvador en el puesto 116 entre los países con mayores IPC, en el mundo. Sus indicadores, como se ha demostrado, no se basan en la opinión pública; sino que se asignan, conforme a los hechos evaluados. Particularmente, la institución enumera entre sus indicadores, aquellos hechos relacionados con el abuso cotidiano; la malversación de fondos públicos; y las dificultades en el acceso a bienes y servicios.
En paralelo, no obstante, El Salvador ha elevado la persecución de la corrupción. Por ejemplo, hechos relativos a los de terrorismo, enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos son 2 de los 24 delitos, cuya persecución penal ya es imprescriptible. Ello implica un factor de disuasión, con la persecución de la corrupción del Estado. Y aunque los registros de homicidios y feminicidios demuestran contracciones cuantitativas del 77% y del 50% hasta el año 2022, la persecución evidente y la percepción de los índices de corrupción en el país han incrementado.
La persecución de la corrupción registraría un 19% en la contracción de la impunidad del Estado, a juicio del titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), Gustavo Villatoro. Sin embargo, pese a los logros que divulga el Estado de forma oficial, Transparencia Internacional eleva sus indicadores sobre la percepción de la corrupción.
ContraPunto hace notar que las valoraciones de la organización internacional son contradictorias con los hechos, ya que la persecución de los hechos de corrupción en el gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, son mayores para los crímenes judicializados durante las ex-presidencias de sus predecesores (Salvador Sánchez Cerén y Carlos Mauricio Funes), que los del gobierno actual, entre los que se enumera la detención de la alcaldesa de Apopa, Nercy Montano; y la de los ex-diputados del partido Nuevas Ideas, Ilofio García y Gerardo Aguilar.
De acuerdo con Transparencia Internacional, durante los primeros 3 años transcurridos durante la administración del presidente Nayib Bukele, la acumulación de puntos sobre la limpieza de la corrupción no es superior a los 127; y las ponderaciones anuales no han sido mayores a los 34 puntos; ni menores a los 26 puntos. Por otra parte, el mismos período de la administración del ex-presidente Sánchez Cerén, se acumuló una percepción evaluada con 138 puntos; con puntajes anuales no mayores a los 39 puntos, y no menores a los 30 puntos.
Mauricio Funes, por su parte, acumuló hasta 142 puntos en la percepción de limpieza a la corrupción, mientras ostentaba la administración presidencial, en sus primeros 3 años transcurridos. Pero las puntuaciones anuales no fueron mayores a los 38 puntos; y no menores a los 34 puntos. Mientras que el ex-presidente Elías Antonio Saca, en el mismo período, acumuló 164 puntos; con puntuaciones no mayores a los 42 puntos y 40 puntos.
La percepción popular es más optimista en la expectativa sobre el decrecimiento en los niveles de corrupción, que la observación técnica de Transparencia Internacional. Aunque ésta última tampoco es susceptible de errores, tal y como se ha mencionado en los hechos de persecución penal a la delincuencia. Ello indicaría una contradicción; ya que, por ejemplo, Mauricio Funes y funcionarios del ex-presidente de Sánchez Cerén son judicializados por pactar con pandillas, entregándoles recursos del Estado, a cambio de reducir la delincuencia homicida y de conseguir una mayor expectativa electoral.
64,500 personas hoy han sido detenidas, bajo la presunción de pertenecer o colaborar con maras y pandillas. El dato lo comparte el MJSP, y se relacionaría con una reducción del 79% en los registros de homicidios, dese la vigencia del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales. Sin embargo, del registro de detenidos se sustraen 3,313 personas judicializadas con libertad condicional, o sobreseídas, un resultado que alertaría a organizaciones sociales.
4,071 denuncias han sido procesadas por 7 distintas organizaciones sociales, ante la Comisión Contra la Tortura (Cat), de la Organización de Naciones Unidas (Onu); y ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (Cidh), ante las presuntas vulneraciones a los derechos humanos durante el Régimen de Excepción. ContraPunto, por su parte, ha identificado que las denuncias incrementan en proporción -con un total de 8 organizaciones- consignando una cifra de 5,907 presuntas denuncias.
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