Por Alessia Genoves
Pandilleros se beneficiarían en gobierno de Mauricio Funes. Ésta hipótesis la sostiene la Fiscalía General de la República (FGR), y la reafirma en la segunda audiencia preliminar que se ventila en el Juzgado Especializado de Instrucción A-1, en la que el ex-presidente es judicializado, para comprobar su responsabilidad en los delitos de “agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes”.
“Se ordena que Mauricio Funes enfrente juicio por pactar con pandillas”, indicó el titular de la FGR, Rodolfo Delgado. El resultado de la audiencia concluyó en una orden de captura, pese a que el acusado se encuentra asilado y nacionalizado en Nicaragua, con la garantía de no poder ser extraditado. Entre otras cosas, Funes ha sido nuevamente declarado rebelde, tal y como en Caso El Chaparral, último en el que se le juzga por el robo de $350 millones de dólares, en detrimento del Estado.
Caso Tregua
“Mauricio Funes otorgó beneficios a pandilleros que se encontraban en prisión” es la principal acusación que la FGR establece en contra del ex-presidente. El máximo responsable en el caso es el ex-titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MSJP), David Victoriano Munguía Payés, quien a juicio del Ministerio Público Fiscal, habría ejecutado dichas garantías a los terroristas en prisión.
Imputado es, por tanto, por el delito de “agrupaciones ilícitas”. Delgado, en su momento, informó que las sanciones que se aplicarán en contra de Funes responden a las recientes reformas establecidas en el Código Penal. En concreto, se añade al artículo 345 que se aplica en contra de funcionarios que delinquen, con penas que se agravarán hasta “una tercera parte del máximo en cada caso y la inhabilitación absoluta del cargo”.
Y, hay que añadir, que el Caso Tregua implica a figuras mediadoras. Y según reza el Código Penal, éstas personas “que promuevan, ayuden, faciliten o favorezcan la conformación o permanencia en las agrupaciones, asociaciones u organizaciones también serán sancionados con la pena de 20 a 30 años de prisión”.
En concreto, la FGR señala responsabilidades en contra de Funes, como:
- Traslado de líderes de la pandilla del Centro Penal de Zacatecoluca a centros penitenciarios de menor seguridad
- Acceso de electrodomésticos a los centros penales
- Utilización de celulares
- Ingreso de comida rápida
- Reuniones entre pandilleros que se encontraban en libertad con los cabecillas que se encontraban recluidos en los diferentes centros penales
FGR, entre otras cosas, también identifica al imputado ausente del delito de “incumplimiento de deberes”, a razón de no establecer medidas preventivas al desarrollo de las presunta concesiones de beneficios. Ésta imputación se establece a los servidores públicos que “ilegalmente omitiese, rehusare hacer o retardare algún acto propio en su función”, y las sanciones máximas son de 6 años, o de hasta 8 años más la inhabilitación del cargo “cuando el incumplimiento del deber de lugar a un hecho delictivo, o se cometa otro”.
Homicidios y Tregua
2,500 femicidios y de 18.970 homicidios se totalizaron durante la administración del expresidente Funes (2009-2014). Sin embargo, la cifra es inferior a la de su sucesor, también partidario del FMLN, el profesor y expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019). El profesor es también asilado y nacionalizado a Nicaragua, llegó a reportar en su administración hasta 2.578 femicidios y de 22,289 homicidios.
Ésta reducción reducción en los registros respondería al presunto pacto entre pandillas. De hecho, hasta 2009, año en el que Funes ingresó al poder, los homicidios llegaron a los 4,382, representando un incremento del 37.8% respecto de los 3,179 homicidios reportados en 2008. Sin embargo, la más importante reducción se reportó en los años 2012 y 2013, con 2594 y 2490 homicidios, respectivamente. La primera cifra representaría una reducción -40.5% respecto de los 4,371 homicidios reportados en 2011.
2014, por otra parte, sería escenario político en el que se celebrarían las elecciones presidenciales, municipales y legislativas. En tales escenarios, también habrían participado personalidades políticas como los difuntos Raúl Mijango y el ex-alcalde del municipio de Ilopango, Salvador Ruano. En otros hechos, también son acusados los ex-alcaldes de San Salvador y ex-diputados de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano y Ernesto Muyshondt.
Pero, pese a los presuntos esfuerzos del partido de oposición por conseguir la presidencia de manera fraudulenta, las elecciones presidenciales dieron el voto presidencial al profesor Salvador Sánchez Cerén. Tras la administración de éste, no se han suscitado acusaciones por presuntos pactos con pandillas; de hecho, como se ha mencionado anteriormente, se llegaron a reportar hasta 22,289 homicidios; es decir, respecto a la administración de Funes un incremento del 14.8%.
76,000 pandilleros han sido identificados en libertad, antes del establecimiento del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales, y de la Guerra Contra Pandillas. El número contrasta con los 6,000 identificados hasta el año 2004. Según el actual titular del MJSP, Gustavo Villatoro, “esa explosión se da, tristemente, por la acción de un gobierno”. Opinó que los hechos tuvieron lugar con el “gobierno nefasto del ex-presidente Mauricio Funes, que fue, en definitiva, parte de ese de ese crecimiento exponencial que tuvieron las tres pandillas a nivel nacional”.
Gustavo refiere sus afirmaciones a demandas establecidas contra el gobierno de El Salvador, por parte de instituciones internaciones, como la Comisión Interamericano de los Derechos Humanos (CIDH), y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Definió su ausencia en el gobierno de Funes como “un espaldarazo a la población”, al no responder a la ola de violencia perpetrada por el gobierno y organizaciones terroristas.
Sin embargo, la administración del presidente Nayib Bukele también es acusada de establecer pactos con maras y pandillas. Las acusaciones formales las hace el Departamento de Estado de Estados Unidos, hacia funcionarios como el titular de la Dirección General de Centros Penales, (DGCP), Osiris Luna Meza; y al titular de la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín.
Las afirmaciones han sido negadas por el gobierno de Bukele. Y éste también ha respondido a la incertidumbre planteada por las organizaciones denunciantes, al cuestionar -por la intransparencia- la reducción de más del 78% en la cifras de homicidios, y al reporte sostenido por la Policía Nacional Civil (PNC), de más de 246 días sin homicidios.
“¿Cómo podemos manipular las cifras, si antes los cadáveres estaban en las calles?; ¿cómo va a hacer el gobierno para esconder los cadáveres en las calle?. ¿Cómo puede hacer el gobierno para que le dejen de cobrar la extorsión?, porque ustedes en sus comunidades ya no ven pandilleros”, expresó el presidente, ésta vez ante los señalamientos divulgados a la CIDH.
