El domingo 10 del corriente, el ejecutivo hizo público el decreto 24 que básicamente resume tanto al 22 como al 23, los cuales fueron señalados reiteradamente por los excesos que ellos admitían a las fuerzas del orden, y que el asesinato por parte de militares de un transportista al día siguiente de iniciada la congelación del sistema de transporte público, o el asesinato en detención en una cede de la PNC de otra persona, aparentemente por intermedio de tortura, ocurrieran.
En ambos casos la FGR ha abierto expediente, deteniendo a los militares y policías implicados para así iniciar las debidas pesquisas que diluciden los casos.
Sin embargo y a pesar de que evidentemente el decreto 24 es un intento por parte del ejecutivo por remediar las implicaciones que los abusos tendrán en el tiempo para su administración – pues hay que reseñar, es necesario, que éste responde más a las presiones derivadas que a su imagen supone las reiteradas faltas cometidas en su gestión, que a los señalamientos que supongan las faltas que redunden en acciones punitivas de parte del aparato judicial, al que menosprecia – ; el hecho es que no corrige por definición los márgenes que admitieran los abusos y que por defecto derivarán en más.
Y es que el problema de fondo no reside en el intento por reducir las bajas derivadas de la pandemia o los efectos negativos que suponga, que ya son graves, y que es el deber de la administración presente; el problema es que estos decretos son un reflejo de la intolerancia narcisista padecida por la administración, observado ello en la inviabilidad de dialogo, de admisión de errores o de rendición de cuentas {el día 11 la academia y los entes privados invitados por la administración para gestionar transparentemente los fondos cedidos al gobierno, presentaron su renuncia a la comisión alegando “…carecer de espacios para ejercer la contraloría de manera efectiva…”}, lo que en consecuencia es replicado – como antes lo hicieran los cuerpos de seguridad en los períodos en los que los militares se apropiaran la administración del estado – por el aparato de seguridad pública, y como bien señalara cualquier siquiatra, como recurso para imponer en el imaginario público, su figura de autoridad.
Entonces, no es el esfuerzo realizado para enfrentar con efectividad el COVID19 el problema, pues su efectividad no es la que se encuentra cuestionada, sino los reiterados excesos que la administración comete, negándose por ejemplo a atender los cuestionamientos ciudadanos, los señalamientos de la academia, o los llamados que la PDDH le hace, o los del propio aparato judicial, y los reseñados por la alta comisionada de DDHH de la ONU o la del presidente de HRW, por las mismas causas, sino la patente incapacidad por realizar las debidas correcciones, quizás suponiendo que la ciudadanía a la que se debe no le cuestionará, olvidando sin duda, el supuesto de que fuera seleccionado por las mayorías de manera arrolladora, lo que las cifras muestran que no es sino un mito.
