La Audiencia Nacional de España condenó este viernes al ex viceministro de Seguridad Pública de El Salvador y ex coronel Inocente Orlando Montano a más de 130 años de prisión por los asesinatos de seis jesuitas (cinco de ellos españoles), una empleada de los asesinados, y su hija (menor de edad), hecho ocurrido el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador.
La defensa de Montano, tiene cinco días para apelar la sentencia dictada.
Montano en Boston, antes de ser extraditado hace dos años y medio a España
De acuerdo a la lectura de la condena en el Juzgado Central Instrucción Nº 006 ‒Sala de lo Penal 002, Audiencia Nacional de España, por los hechos probados "hemos dictado sentencia, por la que fallamos que debemos condenar y condenamos a Inocente Orlando Montano Morales como responsable en concepto de autor de cinco delitos de asesinato de carácter terrorista ya definidos" en contra de Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno.
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En la lectura de la sentencia el tribunal condenó por cada uno de los cinco delitos probados a Montano a "una pena de 26 años, ocho meses y un día, con un límite de cumplimiento de condena que no podrá exceder de 30 años, así como la inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena que comprenderá la privatización de todos los honores, de los empleos y cargos públicos"; no podrá elegir ni ser elegido para cargos públicos, y con la expresa reserva de las acciones civiles a los perjudicados y el pago de los costes del proceso incluidos los de las acusaciones.
La matanza ocurrió en la madrugada del 16 de noviembre de 1989, cuando un batallón especial "Atlacatl", del Ejercito irrumpió en las instalaciones de la UCA, arribó al dormitorio de los jesuitas, los sacó de sus habitaciones y los ametralló en el suelo hasta la muerte.
También acribillaron a otro religioso en el interior del dormitorio y a las dos mujeres, madre e hija (ésta última menor de edad).
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Lista de los asesinados
La justicia, aún parcial, llegó 31 años después: un pelotón del "Atlacatl" -entrenado en contrainsurgencia por Estados Unidos cumplieron la orden de asesinar a los sacerdotes españoles Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Armando López y Juan Ramón Moreno, al salvadoreño Joaquín López, así como a la empleada de los sacertotes Julia Elba Ramos y a su hija de 16 años Celina Mariceth Ramos.
El crimen en masa, como se demostró en el juicio contra Montano, fue planeado con antelación por un grupo de altos mandos militares, entre los que se encontraba Montano.
Entre los acusados de la masacre están el ya fallecido René Emilio Ponce, entonces jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada, así como el ministro de la Defensa Nacional, Humberto Larios, así como otros importantes jefes de la armada salvadoreña que están amparados y protegidos por la justicia local.
Montano es el único enjuiciado en Madrid porque Washington lo extraditó, algo que el Estado salvadoreño se negó a ejecutar, bajo el pretexto que el caso ya había sido juzgado en 1993.
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Comunicado de la Audiencia Nacional de España
La Audiencia Nacional ha condenado a 133 años y cuatro meses de cárcel al que fuera coronel y viceministro de Seguridad Pública del Ejército de El Salvador I.O.M.M. por el asesinato de cinco jesuitas españoles, entre ellos el sacerdote Ignacio Elllacuría, cometidos la noche del 15 al 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
En una sentencia, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal considera a I.O.M.M. autor de cinco delitos de asesinato de carácter terrorista (los jesuitas Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Armando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo) por cada uno de los cuales le impone una pena de 26 años, 8 meses y un día de prisión.
Los magistrados también consideran a I.O.M.M. autor de los asesinatos de otro jesuita salvadoreño, Joaquín López y López, de la cocinera de la universidad, Julia Elba Ramos, y de su hija de 15 años, Celina Mariceth Ramos, ejecutados junto con los religiosos, si bien no puede condenarle por estos hechos al no haber sido extraditado por Estados Unidos por esos crímenes.
La resolución de la Audiencia analiza el contexto en el que se produjeron los hechos, cuando en 1989 El Salvador vivía un conflicto armado interno entre las fuerzas gubernamentales y la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) y que duraba más de diez años.
Texto completo de la Audiencia Nacional de España
Gobierno asegura que falta aclarar masacre de jesuitas
Ante esto, el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, consideró que apenas comienza a hacerse justicia en el caso y que aún faltan personas que procesar, entre ellas el diputado Rodolfo Parker, del PDC, contra quien existen señalamientos de haber encubierto el crimen.
“Esa herida, de alguna manera, está llegando a obtener justicia, sé que hay varios elementos por conocerse, hay señalamientos en contra del diputado Rodolfo Parker, vamos a ver qué va a pasar con esto”, manifestó.
Castro enfatizó que este tipo de delitos “no puede quedar impune” y que todas las personas que hayan tenido cualquier grado de participación en el crimen deben ser juzgadas y condenadas.
UCA considera importante condena de Montano
Mientras tanto, la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” consideró importante la condena para el avance de la justicia en el caso, poro “lo es aún más por su extraordinario servicio a la verdad”.
“Ha quedado patente el sistema de encubrimiento e impunidad que ha manejado la Fuerza Armada, y en cierto modo el Estado salvadoreño, frente a las gravísimas vulneraciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra civil”, publicó el centro de estudios superiores en su página web.
Por lo tanto, la UCA sostuvo que el proceso llevado a cabo en la Audiencia Nacional de España evidencia con claridad que la Fuerza Armada, y en particular la promoción de 1966 de la Escuela Militar, más conocida como “La Tandona”, funcionó como una maquinaria criminal y encubridora de graves atentados contra la ciudadanía salvadoreña y el Estado de derecho, valiéndose de un poder que sobrepasa las funciones que le otorga la Constitución
“Las condenas judiciales por homicidio o terrorismo nunca son motivo de alegría. Expresan la triste realidad de un momento de la historia y lo peor de la condición humana, su capacidad de ofender gravemente a la vida y romper con la fraternidad a la que todos estamos llamados. Pero son un reconocimiento formal, legal y democrático de la verdad, y un estímulo y una garantía de no repetición de estos actos inhumanos”, indica otro extracto del comunicado emitido por el Alma Mater.
