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miércoles, 04 de agosto del 2021

Conexión digital y desconexión con derechos de los consumidores

La conmemoración cada 15 de marzo del Dí­a Nacional y Mundial de los Derechos del Consumidor, siempre abre oportunidad para reflexionar sobre los avances y retos existentes para alcanzar un mejor nivel de protección de los derechos de todos en nuestra condición de personas consumidoras.

Aunque parece que fue ayer, en 2017 la legislación pro consumidor cumplirá 25 años; desde entonces, varias cosas positivas pasaron a favor de los intereses de la población consumidora: Mejora progresiva de la ley, creación y fortalecimiento de una institucionalidad pública y privada en este campo, mayor conciencia y cultura ciudadana, que junto con la implementación de una polí­tica nacional en la materia, son algunas señales de los avances logrados en el paí­s.

Dicho lo anterior, y teniendo en cuenta que el campo de la defensa del consumidor es muy amplio, también debe reconocerse que existen mercados que en pleno siglo 21 aun mantienen las viejas prácticas que “ningunean” a los consumidores y solo piensan en ellos cuando se trata de seducirlos para que compren, compren y compren sus productos y servicios, este por ejemplo es el caso del sector de las telecomunicaciones.

Este es uno de los mercados que más han crecido, experimentado un desarrollo tecnológico sin precedentes en la historia; el crecimiento exponencial de clientes y de utilidades no ha estado acompañado de la adopción de las mejores prácticas competitivas ni de atención efectiva a los derechos de sus clientes, los consumidores.

La Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), la Superintendencia de Competencia (SC) y la Defensorí­a del Consumidor (DC) son las entidades estatales que tienen atribuciones de acuerdo a sus mandatos para vigilar a los operadores de servicios de telecomunicaciones, en especial los proveedores de servicios de telefoní­a.

De acuerdo a las memorias de labores publicadas, entre 2006 y 2016, en cumplimiento de las leyes que las rigen, la DC y la SC han impuesto multas a estos proveedores por montos de U$2.1 millones y U$3.4 millones, respectivamente; en el caso de la SIGET, que es el regulador sectorial, no existe información pública que sustente que haya sancionado a dichos proveedores.

La telefoní­a inalámbrica ha revolucionado varias generaciones, desde la 1G, luego 2G, siguiendo la 3G o hoy la 4G, que es 50 veces más veloz que la anterior; los operadores telefónicos anuncian miles de millones de dólares en inversión para los próximos años y a la vez cabildean para evitar nuevas regulaciones; entre tanto, cada vez es mayor el malestar de los consumidores, que, entre otros problemas, reclaman por deficiencias en la calidad del servicio y un pésimo sistema de atención al cliente.

La implementación de una norma de calidad del servicio de telefoní­a no puede seguir esperando el sueño de los justos; la SIGET debe mostrarle al paí­s que no solo es eficiente para facilitar inversiones sino que también está comprometida con la protección del interés de los consumidores, tal como lo manda su ley de creación y la ley de telecomunicaciones.  

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