Un tribunal guatemalteco decretó cárcel este miércoles a condenas de entre 33 y 58 años de prisión a cuatro militares retirados por la desaparición forzada en 1981 del joven Marco Antonio Molina Theissen y la violación y tortura de su hermana Emma Guadalupe.
Estos crímenes de lesa humanidad ocurrieron durante la guerra civil de Guatemala (1960-1996) y el juez Pablo Xitumul dictó la sentencia condenatoria contra el exjefe del Estado Mayor del Ejército, Benedicto Lucas, y los también militares retirados Hugo Zaldaña, Francisco Gordillo y Manuel Callejas.
A Lucas, Zaldaña, Gordillo y Callejas les impusieron 33 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad y violación agravada por los vejámenes cometidos en un cuartel contra Emma Guadalupe Molina Theissen.
Por la desaparición forzada de su hermano, Marco Antonio, fueron sentenciados a 25 años más de prisión todos los militares, excepto Gordillo. El tribunal absolvió de los cargos al quinto implicado, Edilberto Letona, agregó el juzgador.
La condena fue decidida por unanimidad por los tres jueces que integran el Tribunal de Mayor Riesgo C, uno de los que revisa en Guatemala los casos de alto impacto social, y anunciada esta madrugada por Xitumul, su presidente.
El tribunal consideró que los militares actuaron contra civiles y "se extralimitaron" en la doctrina de lucha contra los grupos insurgentes durante el conflicto armado.
Decenas de activistas, que esperaron casi 14 horas para escuchar la sentencia, aplaudieron, se abrazaron y gritaron al conocerla, mientras que familiares y allegados de los militares lanzaron consignas a favor de los condenados y cantaron el himno del ejército.
"Quiero decirle a los señores acusados, que les devuelvo la vergí¼enza, que les devuelvo el terror (…). Ojalá que tengan un poquito de honor y nos digan dónde está Marco Antonio", dijo Emma Guadalupe el lunes pasado durante la fase final del proceso sobre su hermano.
El conflicto armado guatemalteco dejó unos 200.000 muertos y desaparecidos, según un informe de Naciones Unidas, que responsabilizó a las fuerzas de seguridad del Estado de 93% de las violaciones de los derechos humanos cometidas en ese período.
