El exministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, fue condenado a tres años de prisión por el delito de actos arbitrarios, según el fallo emitido este viernes por el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador.
La sentencia también recae sobre otros exfuncionarios, como Antonio López y Marcos Tulio Lima, quienes estaban implicados en el caso “Asocambio,” que investiga la gestión irregular de fondos provenientes de tiendas penitenciarias.
Landaverde, quien además fue absuelto de los cargos de peculado junto con otros acusados, solo cumplirá tres meses adicionales de su condena debido al tiempo que ya ha pasado en detención preventiva. A su vez, el tribunal determinó sustituir la pena de prisión de Landaverde por trabajos de utilidad pública, dado que cumplió gran parte de su condena en detención provisional.
El fallo se centró en distintos delitos por los que se procesó a un total de 19 personas, entre ellos actos arbitrarios, peculado, cohecho impropio y falsedad ideológica. En el caso de los actos arbitrarios, el tribunal evaluó que las decisiones tomadas sobre el funcionamiento de Asocambio, aunque no implicaron la creación ilegal de la entidad, sí incurrieron en procedimientos contrarios a las normativas administrativas establecidas para el uso de recursos.
Respecto al peculado, los jueces concluyeron que no se configuraba este delito, ya que los fondos manejados en las tiendas penitenciarias eran considerados privados y no públicos, por lo que no se estableció una infracción en el manejo de estos recursos.
En cuanto al cohecho impropio, en el cual estaban implicados varios empleados de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), el tribunal resolvió absolverlos tras determinar que no obtuvieron beneficios personales del proyecto ejecutado en uno de los centros penitenciarios.
Finalmente, los jueces no encontraron pruebas suficientes para imputar falsedad ideológica a los acusados. Durante el fallo, uno de los jueces enfatizó que no existían elementos que permitieran configurar el delito de falsedad ideológica, y que tampoco se contaba con evidencias concretas para respaldar la acusación.