Un total de 105 familias que habitan en comunidades aledañas a la Granja Penitenciaria del departamento de Santa Ana solicitaron a la Dirección General de Centros Penales (DGCP) permitir el restablecimiento de señal telefónica e internet y realizar las gestiones pertinentes para resolver el problema.
Desde abril de este año, el Gobierno ejecuta una serie de medidas de emergencia para combatir la criminalidad que se planea por cabecillas de pandillas desde los recintos penales. Ante esto, solicitó a las compañías telefónicas cortar las señales en un perímetro de 100 metros a la redonda de las cárceles.
Ante esto, quedó prohibido que personas naturales y jurídicas proporcionen o faciliten señal de redes de telecomunicaciones y el uso de enrutadores (routers) o módems inalámbricos, así como cualquier otro dispositivo que genere dichas señales.
El pasado 24 de octubre, directivos de 15 comunidades mantuvieron una reunión con representantes de empresas de telefonía, autoridades del Ministerio de Seguridad, DGCP y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) a fin de avanzar con la solución a la problemática.
“Los habitantes escucharon la información brindada por las empresas de telefonía sobre los avances desarrollados para lograr la rehabilitación del servicio de telefonía celular en las inmediaciones de los recintos. En los casos que existan quejas se deben tratar puntualmente para tener una idea de su ubicación y tomar las acciones respectivas, ya que podrían estar dentro del rango permitido de afectación”, informó la DGCP.
Las medidas de emergencia, de acurdo a fuentes oficiales, han logrado que los homicidios y extorsiones se reduzcan considerablemente. La tasa de asesinatos en 2015 fue de 104 por cada 100 mil habitantes; desde el segundo trimestre de 2016, la tasa ha disminuido a 80 por cada 100 mil salvadoreños.
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