Diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron una serie de prohibiciones y sanciones para todas aquellas personas naturales y jurídicas que permitan o faciliten el uso de redes de telecomunicaciones inalámbricas, específicamente de señal Wifi, en un rango de 100 metros a la redonda de los centros penales bajo medidas de emergencia.
El decreto fue aprobado con 50 votos como parte de la represión que ejercen el Gobierno contra la criminalidad que afecta al país, la cual, según fuentes oficiales, son comandados, en gran parte, por pandilleros privados de libertad que utilizan redes inalámbricas para sus fines ilícitos.
El palacio Legislativo aprobó el pasado 1 de abril las medidas extraordinarias para combatir la delincuencia, las cuales se desarrollan en seis penales y en zonas controladas por estructuras pandilleriles, esto ha permitido reducir los homicidios en un 50%, según la Policía Nacional Civil (PNC).
“Queda prohibido que personas naturales y jurídicas proporcionen o faciliten señal de redes de telecomunicaciones y el uso de enrutadores (routers) o módems inalámbricos, así como cualquier otro dispositivo que genere señales”, informó la unidad de comunicaciones del Legislativo.
Asimismo se ha prohibido a operadores de redes comerciales generar señales inalámbricas por medio del establecimiento de equipos o infraestructura, “no podrán habilitar servicios a usuarios con equipos que emitan señales en el perímetro establecido, o que aun, encontrándose fuera de ese radio, sus emisiones alcancen al interior de los penales. Deberán cambiar el sistema por uno de cable o cualquier otro diferente del wifi”.
La persona que no acate la medida, será sancionada con multas equivalentes desde uno a 20 salarios mínimo del sector comercio. Si es la empresa operadora la que incumple, ésta será multada, de acuerdo al artículo 14 de la Ley Especial contra el Delito de Extorsión, hasta con tres mil salarios mínimos mensuales.
Autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) quedan facultadas para monitorear la presencia de señal al interior de los penales y en el perímetro establecido, así como también realizar el decomiso de objetos o dispositivos que la generen.
Las personas que ya posean un contrato de prestación de servicios podrán prescindir del mismo sin sanción alguna por parte de la empresa de telecomunicaciones que le genera la señal, según el Decreto.
