Tras superar varios inconvenientes, la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático aprobó 8 artículos del anteproyecto de Ley General del Agua, que buscaría garantizar la adecuada explotación de este recurso y que sea distribuido de forma equitativa entre la población salvadoreña.
El avance presentado por la comisión consiste en el aval del objeto de la normativa, el ámbito de aplicación, la finalidad, el dominio público hídrico y la declaratoria de utilidad pública y de interés social, y los principios generales de dicho marco legal.
Los diputados analizan una matriz de cinco anteproyectos presentados por un Comité Expertos Hídricos, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, regantes, Foro del Agua y UCA. El punto en común que presentan es que las autoridades deben de garantizar el agua como derecho humano, administrado por la gestión pública.
Asimismo, en la matriz comparativa propone establecer una atención específica a la problemática de calidad y cantidad del recurso hídrico, así como la demanda de consumo y la cobertura, que son aspectos que mantienen a la zona semiurbana y rural en situación de vulneración permanente, por falta de servicio.
La diputada de la bancada legislativa de ARENA, Martha Batres, presidenta de la mesa legislativa, consideró necesario que se adopten medidas para frenar el acelerado deterioro ambiental, puesto que esto causa desequilibrios en el ciclo hidrológico.
En el mismo sentido, la diputada izquierdista, Dina Argueta, manifestó que las mujeres desempeñan un papel fundamental en el abastecimiento, la gestión y protección del agua; por ello, se deben de establecer políticas efectivas que aborden las necesidades e intereses; de ahí que deban de ser incluidas en la ejecución de programas sobre el uso y manejo de los recursos hídricos.
Organizaciones vigilantes de las acciones de los diputados
Anteriormente, representantes de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua acompañados por representantes religiosos y académicos exigieron a los parlamentarios que se priorice el tema en la agenda de este Órgano de Estado.
La organización tiene 14 años velando que el gobierno actué y garantice el agua como derecho humano y que sea administrado por la gestión pública.
En este sentido, las organizaciones sociales insisten que el manejo privado del recurso hídrico no es una buena opción, por lo que esperan que el reciente problema de algas en el agua potable del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) haya sido orquestado por sectores que estén a fines de justificar el beneficio de algunos pocos.
“El agua es un recurso público entonces debe ser manejado por el Estado con la participación de la ciudadanía, entonces debe haber un consejo consultivo compuesto por 14 personas de la agroindustria, cooperativas agrícolas, sector industrial, turismo, indígena, estudiantil y comité regionales de cuencas, todos ellos podrán hablar aunque la última decisión la tenga el Gobierno”, expresó el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas.
Por su parte, Tati Oliva, representante del Frente Universitario “Roque Dalton”, sostuvo que el gobierno ha creado una crisis de agua por no ponerle la atención e implementar las medidas necesarias para poder resolver y prevenir la escasez en la distribución del recurso.
En este aspecto, los representantes sociales aseguraron que históricamente en la realidad nacional se han cometido abusos, robos y el despojos del recurso hídrico a las mayorías que viven en situación de vulnerabilidad y mucho más, en asentamientos rurales, que enfrentan el peligro de la búsqueda del agua y la escasez más evidente por las prolongadas sequías, producto del cambio climático.
Agregaron, que tienen puestas sus expectativas que las fracciones legislativas no vayan partidarizar esta propuesta.
