En horas de la tarde, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, acordó la “radicación” y la “atracción” del caso del asesinato de la salvadoreña, Victoria Salazar Arriaza; para la evaluación del proceso, en la posible comisión de violaciones a los derechos humanos.
Según lo expuso, la acción de la funcionaria tiene la finalidad de “investigar posibles actos u omisiones cometidos por parte de servidores públicos del Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo, así como de la Fiscalia General de Justicia de ese estado”, en atención del caso de Salazar Ibarra.
Por definición, la CNDH “es un organismo público autónomo del Estado mexicano, es decir, no depende de ninguna otra autoridad. Su misión es la defensa, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Mexicana, los tratados internacionales y las leyes”.
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De acuerdo con la versión oficial del Ministerio Público, el fiscal de Quintana Roo, Oscar Montes, detalló que lesiones en las primeras dos vértebras de la columna de Salazar Arriaza habrían generado su muerte, hecho que relacionó con la intervención de cuatro agentes de la Dirección Nacional Municipal de Seguridad Pública de Tulum, en la que habrían ejercido un “uso excesivo de la fuerza”, mientras intentaban someter a la víctima.
“Este Organismo Autónomo reitera que la violencia contra las mujeres se desarrolla en un marco de impunidad social, por lo que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizarles una vida libre de agresiones y poner en marcha acciones y políticas para garantizar sus derechos humanos”, expuso la CNDH, en un comunicado oficial.
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La institución, además, dio a entender que el caso en el que se señala a los agentes por el delito de “feminicidio” merece una especial atención al reconocimiento de convenios internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por SUS siglas en inglés); la Convención sobre los Derechos de la Niñez; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará), entre otras.
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Hasta el mes de enero, la CNDH reconoció un incremento histórico en la cantidad de demandas por acciones de inconstitucionalidad; entre las cuales, al menos 113 casos corresponderían a oficios vinculados en casos de violencia contra la mujer.
“Es una cifra histórica para la comisión; pues, en toda su historia no se habían impugnado tantas leyes, ni se había presentado tantas demandas. Sin embargo, éstos números también reflejan que la tarea legislativa no se está elaborando con el cuidado y la atención debida”, dijo en su momento, Piedra Ibarra.
Según el registro de la Fiscalía General del Estado de México (FGJEM), al menos 240 muertes violentas contra mujeres fueron reportados en México, sólo en el mes de marzo. Éstos números se sumarían a los más de 3,7 mil casos de muertes violentas y a los 914 feminicidios de 2020.
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