Diversos sectores, tanto nacionales como internacionales, continúan emitiendo su opinión sobre la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía; entre ellos está La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) organismo que señaló que la acción abre una puerta para la verdadera justicia y reparación de las víctimas de la guerra que afectó a El Salvador.
“Esta ley se constituyó, desde su adopción el 20 de marzo de 1993, en un obstáculo insuperable en la búsqueda de justicia para miles de víctimas de graves violaciones de derechos humanos y sus familiares”, señaló la CIDH en Estados Unidos.
Asimismo expuso que con la inconstitucionalidad el país dio cumplimiento a parte de las decisiones adoptadas por el sistema interamericano de derechos humanos desde la década de 1990.
Fue el 13 de julio pasado que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz creada en 1993, este instrumento legal otorgó protección tanto a miembros del Ejército como de la guerrilla salvadoreña que combatieron durante el conflicto armado y cometieron crímenes de lesa humanidad.
Por otro lado, un grupo de cinco organizaciones salvadoreñas que defienden los derechos humanos, también aplaudió la inconstitucionalidad y la calificaron de una “decisión histórica” para El Salvador que refuerza la esperanza para las víctimas de la guerra.
Las organizaciones que se pronunciaron este lunes fueron f la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Tutela Legal “María Julia Hernández”, IDHUCA, La Asociación Pro-Búsqueda y la Concertación Monseñor Romero.
Señalaron que la acción refleja los estándares del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, especialmente por la prohibición de aplicar la amnistía a crímenes contenidos en el informe de la Comisión de la Verdad.
Asimismo mostraron su preocupación ante la postura de algunos funcionarios públicos que han rechazado abiertamente la acción de la Sala por considerarla una amenaza a la gobernabilidad y a la paz en El Salvador. Las organizaciones opinan que con su actitud “levantan la falsa idea de que la declaratoria de inconstitucionalidad abre la puerta para una cacería de brujas”, cuando en realidad es una acción de justicia para las víctimas.
Hicieron un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) y a los jueces para que acaten la sentencia y reabaran aquellos casos que fueron cerrados gracias a la amnistía. Entre esos casos figuran el asesinado del Beato Monseñor Oscar Arnulfo Romero; la masacre de sacerdotes Jesuitas; la masacre del Mozote, entre otras.
