La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó los asesinatos de cinco personas defensoras de la tierra y el territorio en Honduras. Los hechos de vilencia ocurrieron en lo que va del año. Además, instó al Estado hondureño a investigar de forma diligente y efectiva cada uno de los crimenes.
Según información pública, el 12 de febrero de 2023 fue asesinado el defensor campesino e integrante de la Empresa Campesina Gregorio Chávez, Santos Hipólito Rivas, y su hijo Javier Rivas en la comunidad Trujillo, Colón.
Por otro lado, el 29 de enero de 2023 fue asesinado Ricardo Arnaúl Montero, defensor garífuna e integrante del Comité de Defensa de la Tierra, en la comunidad de Triunfo de la Cruz municipio de Tela, Atlántida.
Anteriormente, el 18 de enero fue asesinado Omar Cruz Tomé, líder campesino y defensor de la tierra, presidente de la Cooperativa Los Laureles en Tocoa, Colón. También, el 7 de enero de 2023 Aly Domínguez y Jairo Bonilla, defensores del medio ambiente y territorio de la comunidad de Guapinol, fueron asesinados en el municipio de Tocoa, Colón. En relación con la muerte de Ricardo Arnaúl, el Estado informó a la Comisión que estaría en proceso el esclarecimiento de los hechos.
La Comisión señaló que mira con preocupación que estos hechos se enmarcan en un contexto de violencia histórica al que las personas defensoras en Honduras están expuestas constantemente, en particular las del Bajo Aguán y los territorios garífunas.
Hasta la fecha, la CIDH ha identificado actos de violencia que van desde hostigamientos, criminalización a través del uso indebido del derecho penal y amenazas, atentados contra la integridad personal y la pérdida de vida.
Asimismo, la CIDH afirmó que, según la información que han recibido, en la región del Bajo Aguán estarían ocurriendo actos de violencia con posterioridad a la firma de un acuerdo celebrado entre el gobierno, la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) en febrero de 2022.
También, la Comisión aseguró que ha observado el rechazo público realizado por la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) en Honduras por los referidos actos de violencia; e instó al Estado a continuar investigando con la debida diligencia los hechos, enjuiciar y sancionar, tanto a los responsables materiales como intelectuales.
De igual forma hizo un llamado al Estado a tomar como línea de investigación la posible relación entre estos hechos y las actividades de defensa de las víctimas. Asimismo, asegurar la incorporación de un enfoque diferenciado étnico-racial en la investigación, juzgamiento, y sanción, y en la implementación de medidas de reparación a familiares de todas las víctimas, y dar garantías de no repetición.
Por otro lado, la CIDH instó al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos, en particular de liderazgos indígenas y afrohondureños defensores de la tierra, el territorio y/o el medio ambiente.
