El convenio de cooperación que el viernes pasado suscribió el presidente Nayib Bukele con una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), no es ni la sombra de la CICIG de Guatemala que el 3 de septiembre pasado fue expulsada después de permanecer 12 años en ese país.
Al menos eso es lo que piensan políticos y analistas. Francisco Bertrand Galindo, exministro de Justicia y Seguridad durante la administración de Francisco Flores (1999-2004), no le cabe duda que la instancia internacional no es más que una secretaría de la Presidencia y no tiene facultades para hacer investigaciones judiciales.
Para el abogado, da la impresión que el gobernante no quiere hacer arreglos con el resto de sectores políticos. “Yo creo que la forma en que se lanza la tal CICIES tiene una cuestión más de capricho de querer dar a entender (el presidente), yo lo puedo hacer sin ustedes”, razonó.
Recordó que la Fiscalía General de la República (FGR), la Policía Nacional Civil (PNC) y el sistema judicial tienen capacidad para investigar, pero el tema es que si se va a crear un ente que indagará sobre la impunidad ¿de qué estamos hablando?. En todo caso, agregó, tendría que investigarse a quienes son funcionarios o los que tienen redes de poder a quienes nadie les hace nada.
Y es esa la característica que se ha perdido con la forma en que se creó la comisión, que no es más que una institución presidencial que va a investigar la corrupción de su gobierno y probablemente de la administración del efemelenista Salvador Sánchez Cerén.
Bertrand Galindo considera que el organismo hubiera tenido más atribuciones, si hubiera hablado con el fiscal General, Raúl Melara, con la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de tal manera que se convirtiera en una instancia más fortalecida.
Según el exfuncionario, Bukele desaprovechó la oportunidad de reunirse con la Comisión Coordinadora del Sector Justicia en donde está la Fiscalía, el ministro de Justicia, los procuradores y Corte Suprema que analizan los problemas del sector. Eso le hubiera permitido crear una institución independiente.
“Lo que creo que vamos a ver en esta fase es una especie de secretaría presidencial parecido a lo que fue la Secretaría de Transparencia y hasta ahí”.
Estima que es inadecuado que el Ejecutivo afirme que utilizará a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), porque se maneja información confidencial de la banca y ese tipo de investigación es potestad de la Fiscalía.
“También es bastante peligroso que el Ministerio de Hacienda formará parte de las investigaciones ya que las empresas pasan información de sus declaraciones de renta que están resguardadas en dicha cartera de Estado y que por ley no puede entregar datos a otras instancias que no sea también la Fiscalía cuando realiza una investigación”, dijo Bertrand Galindo.
Al final, el anuncio de la CICIES hecha por el presidente Bukele el pasado viernes, respondió más a una necesidad mediática que tenía que hacer en el marco de los cien días de gobierno.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, comentó que los funcionarios no tienen más atribuciones que les da la ley, en ese sentido, le recordó a Bukele que el monopolio de la investigación del delito lo tiene la Fiscalía; además, la Constitución es clara al establecer que cualquier tratado o convenio internacional tiene que ser ratificado por la Asamblea.
“Desde el momento que la CICIES nace contrariando la Constitución, nace muerta. Parece que lo único que busca el presidente es llenar una expectativa ante la opinión pública que cumplió con su compromiso”.
Quijano advirtió que no es fácil instalar una comisión de esta naturaleza con todas las facultades que debería de tener, por eso es irresponsable pretender hacerlo en cien días.
En Guatemala llevó años la instalación de la CICIG. Aprovechó para lamentar el papel poco decoroso de la OEA que se prestó para un espectáculo; además, es un organismo que poco a poco ha venido perdiendo credibilidad en América Latina.
De igual manera hay falta de transparencia, una instancia como la CICIES debe contar con robustez moral y ética y desde el momento que se ignoró a la Fiscalía, no tiene seriedad.
El presidente del Palacio Legislativo recalcó que si la instancia internacional no es ratificada por el pleno es inconstitucional.
El artículo 131 numeral 7 de la Carta Magna reza que corresponde a la Asamblea Legislativa: Ratificar los tratados o pactos que celebre el ejecutivo con otros Estados u organismos internacionales, o denegar su ratificación.
El pasado viernes la OEA y el Ejecutivo firmaron una Carta de Intención para establecer una CICIES y en donde ambos se comprometen a firmar un convenio dentro de los tres meses siguientes a la suscripción de la Carta de Intención.
La CICIES apoyará, fortalecerá y colaborará con las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción.
El fiscal General, Raúl Melara por su parte, dijo que con CICIES o sin ella continuarán trabajando. Las herramientas para combatir la corrupción son importantes, pero lo es más, fortalecer al Ministerio Público y todas las instituciones encargadas en el combate de los delitos.
“Hay que esperar, nosotros hasta la fecha no hemos visto el acuerdo, entiendo que la próxima semana vendrá una misión de la OEA para reunirse con la Fiscalía y veremos en qué va a consistir la cooperación que ellos darán”.
Por el momento no puede emitir opinión porque desconoce el marco en que el presidente firmó el compromiso y de qué manera van a cooperar con la Fiscalía.
Aclaró finalmente, que la Fiscalía es la única que puede investigar y perseguir el delito en el país.
