viernes, 6 diciembre 2024

Chile tendrá la primera sesión el 4 de julio para comenzar a escribir su nueva Constitución

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El presidente chileno, Sebastián Piñera, anunció este domingo que el próximo 4 de julio iniciará la Convención Constitucional, dedicada a escribir la nueva Carta Magna. Reemplazar la Constitución elaborada bajo la dictadura de Augusto Pinochet fue una de las principales demandas de las protestas que sacudieron al país en 2019.

Chile se acerca a cumplir una de las más grandes demandas sociales de los últimos años: la redacción de una nueva Constitución, la primera en la historia democrática del país en ser escrita por representantes de los ciudadanos.

El próximo 4 de julio es la fecha escogida para la primera sesión de la Convención Constitucional, según anunció el presidente Sebastián Piñera en un discurso desde el Palacio de la Moneda.

La sesión inaugural coincidirá con otro hecho histórico de la nación: los 210 años de la instalación del primer Congreso Nacional. En ella se elegirá a un presidente y vicepresidente para liderar el proceso.

“Esta Convención Constitucional será un hito histórico. Por primera vez en nuestra historia estaremos escribiendo democráticamente una nueva Constitución para Chile (…) Representa una gran oportunidad para lograr acuerdos amplios y sólidos, que permitan dar origen a una Constitución que sea reconocida y respetada por todos”, señaló Piñera.

La redacción de la nueva Carta Magna procederá luego de que el pasado 15 de mayo los chilenos eligieran en las urnas a los 155 delegados a cargo y de que el pasado viernes el Tribunal Calificador de Elecciones proclamara los resultados de los comicios.

Será escrita en partes iguales por hombres y mujeres, algo inédito en el mundo. También incluye 17 escaños reservados para los pueblos indígenas.

La Convención tendrá hasta un año para presentar un proyecto de texto, que luego deberá someterse a votación popular en referéndum, en el que la participación será obligatoria.

“Esta Convención Constitucional deberá en un plazo de nueve meses, prorrogables por tres meses adicionales, redactar y aprobar una Nueva Constitución para Chile, la que deberá ser ratificada por la ciudadanía a través de un plebiscito”, ratificó el mandatario.

La Carta Fundamental reemplazará a la promulgada en 1980 bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Su reescritura es el resultado de un amplio consenso político acordado después de las protestas sociales que estallaron a finales de 2019 por la desigualdad en una nación conocida por su adopción de políticas de libre mercado durante décadas.

El mandatario chileno recordó que, si bien los 155 delegados encargados de redactar el nuevo texto tendrán “importantes grados de autonomía”, también ostentarán responsabilidades y límites.

Piñera dijo que, de acuerdo con el mandato constitucional, la misión de la Convención “no es Gobernar ni legislar” y que tampoco podrán “poner término anticipado al período de las autoridades elegidas por votación popular”.

El jefe de Estado también aseguró que la delegación “no puede atribuirse el ejercicio de la soberanía, ni asumir otras atribuciones que no le hayan sido expresamente conferidas”.

De esta manera, respondió al llamado que la semana pasada hizo un grupo de constituyentes a “hacer efectiva la soberanía popular” de la convención y a no ajustarse a los límites establecidos para su trabajo en el acuerdo de las fuerzas políticas en noviembre de 2019 que dio inicio al proceso constituyente.

Asimismo, el mandatario de los chilenos resaltó que el equipo de redactores deberá regirse por el diálogo, la colaboración y la búsqueda de consensos. “Lograr las mayorías de dos tercios necesarias para acordar y proponer una Nueva Constitución para Chile. Sin duda esta misión va a exigir mucha grandeza, visión, sabiduría y patriotismo”, dijo.

La actual carta magna chilena es considerada por algunos sectores como la camisa de fuerza que sostiene el sistema neoliberal del país, lo que la llevó a ser blanco de reproches durante las protestas sociales de los últimos años, y cambiarla fue un paso exigido para avanzar hacia un Estado de bienestar social.

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