Dos diferentes manifestaciones se registraron, este viernes, en el Centro de Gobierno, San Salvador, las cuales estuvieron protagonizadas por sindicalistas de la Asamblea Legislativa y de la Corte de Cuentas de la República.
La primeras acciones de protestas se registraron en el Parlamento Salvadoreño, ya que los agremiados bloquearon los accesos vehiculares del recinto.
El objetivo de los manifestantes era enviar un mensaje al Presidente de la Asamblea Legislativa y Junta Directiva para que acate las medidas cautelares de la Sala de Constitucional, que ha ordenado el reinstalo inmediato de los cuatro trabajadores despedidos.
Según Ingrid Escobar, secretaria de Actas de Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa, los cuatro trabajadores fueron removidos por la actual administración de forma injustificada.
“Son compañeros que tienen salarios de $500, que entre los 4 hacen un salario de una de las tantas plazas fantasma que tienen en la institución. Queremos que se haga justicia”, dijo Escobar.
Los sindicalistas están siendo apoyados por sindicatos de otras instituciones y amenazan con irse a huelga de hambre si la junta Directiva de la Asamblea, no acuerda con ellos el reinstalo de los empleados de la Asamblea.
Por otra parte, elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) removieron dos vehículos que bloqueaban una de las entradas a la Asamblea. A los dueños de los carros les impusieron una esquela de $57.14 y tendrán que reclamar el automotor en el predio Changallo ya que se procedió a moverlo del lugar con grúas. Según explicó la PNC, no se mostró documentación del dueño.
Ante estas acciones, el presidente de ese Órgano de Estado, Mario Ponce, no ha sentado postura.
Por su parte, los sindicalistas de la Corte de Cuentas de la República (CCR) bloquearon el tramo del bulevar Tutunichapa que se encuentra frente al Centro Judicial “Isidro Menéndez”, debido a que exigen que se deje en libertad a dos auditores de esa institución que son acusados de supuestamente haber desvanecido las irregularidades que encontraron durante una investigación especial al contrato y ejecución de la construcción de la presa El Chaparral, obra ubicada en el municipio de Carolina, en el departamento de San Miguel.
Antes esto los sindicalistas, sostienen que ambos señalados son inocentes.
Por otro lado, los empleados del Centro Judicial Isidro Menéndez, exigen mejora de las condiciones de trabajo, aseguran que ascensores y sistemas de aire acondicionado no funcionan desde hace meses. Los empleados se declararon en paro laboral.
Aseguran que en el lugar no funcionan aires acondicionados, no hay reparación de tuberías y no hay ningún tipo de ventilación.
En el portón del Centro Judicial Isidro Menéndez, activistas feministas se manifiestan y exigen que se celebre la vista pública programada desde septiembre de 2018 contra el presunto agresor sexual de una menor de edad.
