El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) aseguró este viernes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que en El Salvador no existe voluntad política para investigar y sancionar a los responsables de desapariciones forzadas de niños y niñas durante el conflicto armado salvadoreño.
Lo que agrava la situación, según CEJIL , es que ya existen sentencias en contra del Estado para que actúe y resuelva casos de desapariciones forzadas en específico. La Corte recibió a las organizaciones durante una audiencia de supervisión de cumplimiento de las sentencias relacionadas a los casos Serrano Cruz y Contreras y otros.
La primera sentencia que recibió el Estado por la niñez desaparecida de la guerra fue el 1 de marzo de 2005 por el caso de la desaparición forzada de las hermanitas Serrano Cruz. En su dictamen la CorteIDH dijo que el Estado violó el derecho a la integridad personal, asimismo le impuso que debía pagar por concepto de indemnización del daño inmaterial ocasionado a las víctimas y sus familiares, entre otras.
La segunda sentencia fue dada a conocer en octubre de 2011 y contiene la denuncia de las desapariciones forzosas de Ana Ramírez y Carmelina Mejía, desaparecidas en 1981; Gregoria, Serapio Cristian y Julia Contreras, en 1982 y José Rubén Rivera, quien desapareció en la Hacienda La Joya en San Vicente. Todas las desapariciones fueron atribuidas a miembros de la Fuerza Armada.
La última sentencia recibida fue por a la desaparición de cuatro niños y una niña entre los años 1980 y 1982. El caso por el que el país recibió la sentencia lleva por nombre “Caso Rochac Hernández y Otros”.
“Pese a que la primera sentencia fue emitida hace más de 11 años, no hay voluntad política por parte del Estado, para investigar y sancionar a los responsables”, señaló Valentina Ballesta, abogada de CEJIL ante la CorteIDH.
En la audiencia también estuvo presente Eduardo García, de la Asociación Pro-Búsqueda, quien señaló que “En 24 años aún no pudimos encontrar la reconciliación. Se les niega esta posibilidad a las familias y ya no tenemos tiempo para buena voluntad. Pedimos ponerle un alto a esto y que tengamos un plazo perentorio para el cumplimiento las sentencias”.
Ambas organizaciones dieron a conocer ante la Corte los obstáculos estructurales para avanzar en la búsqueda de justicia y aseguraron que entre estos están la ausencia de presupuesto para investigar las desapariciones forzadas, la falta de especialización de quienes llevan estos procesos y el desconocimiento de la sistematicidad con las que se violaron los derechos humanos durante el conflicto interno.
De igual forma, hablaron sobre la Comisión Nacional de Búsqueda, creada por el Estado con el objetivo de encontrar a las víctimas de desaparición forzada, y señalaron que efectividad contrasta con la ineficacia en los resultados de parte de las entidades responsables de hacer justicia y con la falta de una ley que garantice su funcionamiento de forma permanente.
Según CEJIL, otra de las medidas de cumplimiento de sentencia que se revisaron responde a la creación de un banco de perfiles genéticos para la identificación de personas desaparecidas durante el conflicto y que aún no se ha implementado, por lo que García señaló que “Sin esto no podremos identificar a las víctimas ni reunir las familias fragmentadas producto de estas violaciones”.
