Luego de conocerse la resolución del Juzgado Cuarto Instrucción de San Salvador que envió este miércoles a juicio al expresidente Elías Antonio Saca y seis de sus colaboradores por los delitos peculado, lavado de dinero, Óscar Campos, abogado del área transparencia y anticorrupción de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), sostiene que el caso se ha vuelto un desafío para la Fiscalía General de la República (FGR) quien deben garantizar la robustez de la acusación.
“La resolución a juicio del caso Saca deja abierta la posibilidad para que la Fiscalía pueda presentar un caso sólido en la etapa de juicio. Lamentablemente las diligencias de investigación ya fueron concluidas por lo que la Fiscalía debió haber realizado todas las experticias técnicas y financieras y demás que se necesitan para tener esa robustez”, manifiesta Campos a ContraPunto.
El también abogado especialista en temas de transparencia, dice que la FGR tiene toda la deuda pendiente para tomar medidas y no volver a caer en los errores que se cometieron en casos emblemáticos como lo fue el caso en materia penal del expresidente Francisco Flores.
El 20 de abril pasado, el juzgado Quinto de Sentencia de San Salvador absolvió al fallecido expresidente Francisco Flores de su responsabilidad civil. La decisión libera a la familia del exmandatario de regresar al Estado los $15 millones de dólares que la Fiscalía pedía para resarcir lo que supuestamente habría desviado de los fondos provenientes de Taiwán.
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Campos calificó de arbitraria y fuera de ley la decisión del juez del caso Saca de prohibir el acceso a la prensa y la sociedad civil, pese a que el caso no tenía reserva alguna.
“Haremos los análisis correspondientes a partir del envío del expediente hacia el tribunal de sentencia correspondiente, para ver si ahí podemos determinar si existe o no un caso fuerte para la Fiscalía. Pero podemos decir que la Fiscalía tiene un reto y esperamos que haya hecho bien su tarea”, expresa.
Subraya que la obligación del Ministerio Público siempre ha sido velar por el cumplimiento de leyes a favor de la ciudadanía y de los intereses del Estado, pero que en los últimos años, intereses particulares han permeado a la Fiscalía.
“Lamentablemente la Fiscalía ha estado tomada por personas que han tenido siempre intereses particulares o intereses políticos partidarios de favorecer a determinadas personas o intereses. Por eso no hemos vista que la Fiscalía haga un efectivo trabajo”, señala.
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Destaca que actualmente la presión ciudadana, un mayor acceso a la información, mayor empoderamiento de la prensa y de organizaciones de la sociedad que hacen contraloría social en los caso de corrupción, ha permitido que la Fiscalía, Policía y tribunales, “al menos” estén hablando del tema.
“Considero que la Fiscalía debe tener una unidad especial anticorrupción a pesar de que ya la tiene nombrada, tendría que tener fiscales especializados con herramientas tecnológicas y fiscales que les permita dar seguimiento y cumplir con su labor de combatir la corrupción y evitar la impunidad”, recomienda.
Dice además que debe de profesionalizarse y pasar por un refuerzo presupuestario, y espera que haya aprendido las lecciones de la administración del exfiscal Luis Martínez ““acusado de corromper a la justicia-, para evitar que intereses políticos y económicos manoseen la institución.
“Que la Fiscalía mantenga un grado de imparcialidad en investigaciones, y no se fomente en población sentido de impunidad o que se mantendrán en contubernio con acusados para no proceder en investigaciones”, exhorta.
Además del proceso en contra del expresidente Saca y el duro revés del caso Flores, la Fiscalía también tiene entre manos el caso de enriquecimiento ilícito por el que ya fue condenando Mauricio Funes, y otro caso más por presunto tráfico de influencias por el que también se investiga al primer presidente de izquierda en El Salvador.