Ya hay difusión roja para que el empresario Hugo Enrique Rais, el juez Romeo Aurora Giammattei, Mauricio Antonio Álvarez Gálvez, Wilfredo Ernesto Gutiérrez Ayala, Hugo Ernesto Blanco Rais, el exfiscal Julio Adalberto Arriaza González, sean localizados, detenidos y extraditados a El Salvador por parte de INTERPOL, al ser considerados prófugos de la justicia.
Los implicados, junto al exfiscal general, Luis Martínez quien ya fue recapturado, deben responder por acusaciones de corromper a la justicia salvadoreña.
La jueza del Juzgado Séptimo de Paz decretó en agosto de 2016 durante la audiencia inicial, medidas sustitutivas para todos los implicados en el caso y les impuso una fianza de entre cinco mil y veinte mil dólares, además debían presentarse a firmar a los juzgados cada 30 días, no cambiar de domicilio y no salir del país durante el proceso.
El fiscal general, Douglas Meléndez, afirmó posterior a la captura inicial que la Fiscalía General de la República (FGR) fue manipulada durante la gestión de Luis Martínez (2012-2015) y que investigaciones del caso sostienen que se falsificaron pruebas en contra de quienes acusaban a Enrique Rais para beneficiarle.
“Se permitió que procesara a una persona con prueba falsas y habiendo conciencia en la administración anterior que eran pruebas falsas. Había escuchas telefónicas sobre eso y no se hizo nada. Se permitió la utilización de esas pruebas a nivel judicial en contra de esa persona”, dijo Meléndez en agosto de 2016.
No obstante, el pasado 12 de enero, la Cámara Primero de lo Penal revocó la libertad condicional otorgada. De acuerdo con el Código Penal salvadoreño, los delitos suman de entre dos a diez años de prisión.
La orden fue dada desde el viernes pasado por el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador.
