La Fiscalía General de la República (FGR) reportó en las últimas horas la captura del expresentador de televisión y actual empresario de medios de comunicación, Jorge Hernández, acusado por el delito de Lavado de Dinero y Activos.
Hernández debe responder por su vinculación a una supuesta malversación y desvío de fondos públicos, en el caso por el que también está detenido el expresidente salvadoreño, Elías Antonio Saca.
Saca es procesado por la presunta malversación de $246 millones de dólares de fondos públicos, desviados a sus cuentas privadas por medio de prestanombres de personas naturales o de empresas vinculadas a las comunicaciones y publicidad.
Según medios locales, las empresas Centroamérica, S.A. de C.V. y Unicentro S.A. de C.V. son propiedad de Hernández, y ambas habrían recibido fondos “no gravados” de parte de la empresa “Promotora de Comunicaciones”, propiedad de la familia Saca.
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La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó además que la captura se hizo efectiva mediante orden administrativa de la FGR, ayer viernes cerca de las siete de la noche en Santa Elena, municipio de Antiguo Cuscatlán.
Al cierre de esta nota preliminarmente se conocía de otros seis capturados más pero la PNC solo confirmó la captura de una persona identificada como Esteban Calderón, acusado de Lavado de Dinero. La captura fue realizada en la colonia Escalón. La FGR no descarta que se reporten nuevas detenciones por este caso.
Jorge Hernández es propietario del periódico La Página y del canal de televisión Orbita TV que inicialmente fundó en asocio con el expresidente salvadoreño, Mauricio Funes quien está asilado en Nicaragua y sobre quien pesa un proceso judicial por presunto enriquecimiento ilícito.
El comunicador también enfrenta otros dos procesos judiciales. En julio pasado la FGR allanó su vivienda y empresas por las acusaciones de Retención de Cuotas laborales por un monto de $39,000 dólares en perjuicio de ocho periodistas y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
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Además, en octubre pasado, fue notificado y le fue exigido por el Juzgado 8° de Paz que pagara una deuda por la que FGR le acusa de apropiación o retención de cuotas laborales en perjuicio del ISSS y dos AFP, así como de los derechos laborales de otros seis periodistas distintos al anterior caso.
