Los magistrados de la Cámara Tercera de lo Penal rechazaron una petición de ejecución de embargo de US$228 millones contra la empresa ASTALDI por el caso de la presa El Chaparral, indicó el presidente de La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Daniel Álvarez.
Álvarez indicó, que existen irregularidades en el proceso de embargo contra la empresa italiana.
“Es importante mencionar que estas irregularidades fueron encontradas en la última y sorpresiva resolución notificada ayer por la Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro”, explicó el funcionario.
Por su parte, el gerente legal de CEL, Orlando Quijano, afirmó que la resolución de la Cámara Tercera de lo Penal vulnera el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales y el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.
Según dijo, con la vulneración de estos derechos, la Cámara Tercera de lo Penal limita a CEL para recuperar el dinero que los gobiernos anteriores robaron en la antigua presa El Chaparral, ahora llamada Central Hidroeléctrica 3 de febrero.
“Esta ha sido una actuación exprés, tomando en cuenta que generalmente los promedios de los tribunales de segunda instancia como este se tardan (para resolver) entre seis y ocho meses”, dijo el presidente de CEL.
Según investigaciones, los gobiernos anteriores malversaron fondos en la construcción de la antigua presa El Chaparral, ubicada en el municipio de San Luis de la Reina, en el departamento de San Miguel.
ASTALDI, junto con el primer gobierno del FMLN encabezado por Funes (prófugo en Nicaragua), sería parte de todo un esquema de corrupción en la construcción de la presa El Chaparral, una obra que inició en el 2008.
A través de este proyecto, Funes y el extitular de la autónoma, Leopoldo Samour, habrían trazado un mecanismo para pagar $61.3 millones como excedente, dentro del arreglo directo, cuando solo se debían pagar $45.1 millones por obra ejecutada, según el juzgado.
Con el procedimiento, buscaban que se pudieran recuperar los fondos que incluye en el monto global, $111.5 millones como “lucro cesante”, por lo que dejó de producir de energía eléctrica e ingresos al Estado la presa El Chaparral, más $54.7 millones en concepto de intereses pagados por los préstamos al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), algo que es parte del costo financiero del proyecto no ejecutado entre 2012 y 2014.
Además, entre otros hallazgos, descubrió que la pareja sentimental del exmandatario, Ada Mitchell Guzmán, recibió $3.5 millones, como fruto de la corrupción en el uso de estos fondos.
“La labor de la CEL es que podamos recuperar el dinero de los salvadoreños en el menor tiempo posible. Aquí no peleamos el dinero de Daniel Álvarez o del Presidente Nayib Bukele, peleamos por el dinero de la gente, del pueblo salvadoreño”, apuntó Álvarez.
El titular de CEL destacó que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) contribuyó en este proceso, con la investigación para destapar los actos de corrupción en la construcción de la presa El Chaparral, renombrada por este Gobierno como “3 de febrero”.
La obra civil del proyecto estará lista en febrero 2021 y posteriormente, con la llegada de la época lluviosa, se podrán hacer las pruebas para su funcionamiento. Álvarez lamentó que el precio final ($756 millones) de la hidroeléctrica El Chaparral será exagerado, dados estos actos de corrupción.
Por otra parte, Álvarez destacó que la CEL le apostará durante el quinquenio de Gobierno a la energía renovable (geotérmica, solar, eólica), lo que beneficiará el bolsillo de la población. “El Gobierno está enfocado en abaratar los costos de la energía”, apuntó.
Reportó que, desde enero hasta septiembre, se había inyectado un 42 % más de energía que la producida en el mismo periodo del año pasado y no hubo necesidad de importar electricidad.
De acuerdo con el presidente de CEL, los gobiernos de ARENA y del FMLN no modernizaron ni dieron el mantenimiento necesario para que las represas generaran más energía, pero esta administración sí lo hará. “En nuestras plantas todavía hay máquinas donde hay grandes botones que apretar. Ahora vamos a tener tecnología de punta”, aseguró.
Finalmente señaló que en 2015 las autoridades del FMLN habían contratado al periodista y hoy diputado de ARENA, Emilio Corea, como asesor de publicidad, uno de los tantos gastos onerosos que privaban a la CEL de trascender en el servicio hacia la población.
