Responsabilizado de cometer el delito de “feminicidio agravado” en contra de Jocelyn Milena Abarca Juárez, su compañero de vida, Ronald Atilio Urbina recibió una sentencia de 50 años de prisión por el Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia contra la Mujer, el viernes 7 de agosto del pasado año.
A más de siete meses de la resolución de sentencia, la Cámara Especializada para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres confirmó que Urbina fue el principal autor del asesinato, desmembramiento y desaparición del cuerpo de su pareja.
El dato también fue anunciado por la Fiscalía General de la Reública (FGR), al anunciar que “la Cámara Especializada para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres ha confirmado la sentencia de 50 años de prisión, contra Ronald Atilio Urbina Velásquez, por el Feminicidio Agravado de Jocelyn Abarca; ocurrido el 5 julio de 2018”.
Jocelyn Abarca fue candidata a una diputación por el Partido Demócrata Cristiano (PSD), como suplente de la entonces propietaria, Batali Betsabé Reina Lemus, durante las Elecciones Legislativas y Municipales del año 2018. Se desempeñaba como supervisora de una empresa comercial, mientras costeaba los gastos de su vivienda y vehículo. Atilio Urbina, en cambio, se desempeñaba como obrero de una empresa embotelladora de agua.
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Reafirman las Pruebas
Las resolución de la Cámara confirmó las hipótesis de la representación fiscal, la instancia acusadora que sostuvo la participación de Urbina en los hechos que arrebataron la vida a Abarca, a través de prueba testimonial, pericial y documental.
El rastreo de cámaras de seguridad, la geo-localización de su dispositivo móvil y rastros de sangre en su vehículo constataron que Urbina “asesinó y desmembró a Jocelyn Milena el 5 de julio de 2018”; y que dispersó varias partes de su cuerpo por varios puntos de la capital, en el tramo de la “17 Av. Sur de San Salvador”.
“En su momento la víctima fue denunciada como desaparecida y cinco días después sus miembros fueron encontrados sobre la 17 avenida sur y Calle “Gerardo Barrios”, cerca del Mercado Central. Otros más en la Quebrada El Piro, en el límite entre San Salvador y Antiguo Cuscatlán”, detalló la autoridad judicial.
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También aseguraron que, a través del análisis de pruebas, el acusado disponía del uso del teléfono de Jocelyn para establecer comunicación, incluso después de reportarla como desaparecida, el pasado 5 de julio del año 2018. Esta conclusión desestimó la validez de la versión del acusado, quien aseguró que la fallecida había llevado consigo el teléfono hacia su lugar de trabajo, incluso tras ser localizado su vehículo en el Barrio San Jacinto.
Por otra parte, las pruebas de ADN constataron, entre otras cosas, la correspondencia entre las partes desmembradas del cuerpo de la víctima, y su cabeza, principalmente. Las pruebas también constataron que los rastros de sangre en las prendas de la víctimas correspondían al imputado.
La Condena
La FGR hizo una acusación formal en contra del entonces imputado, Atilio Urbina, por el delito de “feminicidio agravado” contra Abarca, el pasado 18 de julio del año 2018, ante el Juzgado Décimo Primero de Paz de San Salvador.
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El transcurso del proceso de instrucción, se determinó con medidas de detención provisional para Urbina; mientras que el caso pasó a ventilarse al Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres, de San Salvador, en la fecha del 25 de julio del pasado año.
Tras la resolución de la sentencia, se estableció una pena de 50 años de prisión en contra del Urbina, al ser declarado culpable. El Juzgado Especializado también había impuesto al sentenciado el pago de $13,060 dólares, para el resarcimiento de los familiares de la fallecida, en concepto de “responsabilidad civil”.
Sin embargo, el proceso tuvo que administrarse ante la Cámara Especializada para una Vida Libre de Violencia contra la Mujer, para resolver las observaciones de la defensa de Urbina. Pero la institución de justicia resolvió a favor de las pruebas fiscales, reafirmando la condena de 50 años contra el incoado que se estableció en la fase de sentencia. La resolución tuvo lugar el pasado 19 de marzo.
