Luego de encontrar diversos expedientes en donde se solicitaban el perdón de penas carcelarias a personas que cometieron delitos graves, los diputados de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos decidieron estudiar una serie de reformas a la Ley Especial de Ocursos de Gracia, que refiere a amnistía, indulto y la conmutación de penas.
“El fin es limitar esta atribución constitucional y prohibir que sea brindado a personas que hayan cometido delitos graves e indiscutibles”, indicó la presidenta dicha mesa de trabajo, Rebeca Santos.
Actualmente, la normativa -aprobada el 15 de octubre de 1998- establece la consideración del perdón de una sentencia ejecutoriada de delitos relativos a actos de corrupción, organizaciones terroristas, pandillas, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.
Por ello, la iniciativa contempla la modificación del artículo 13 para poder excluir ese tipo de solicitudes que abarcan dichas infracciones y a los delitos internacionales, a los relativos a la libertad sexual, a los contenidos en la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos, entre otros más considerados de impacto social.
“Hemos visto varias solicitudes y no entiendo cómo es que han tenido el cinismo para pedir un indulto, para que se les perdonara el delito aberrante que cometieron”, expresó el parlamentario Érick Alfredo García. “Se mofaban de la población al pedir que se les perdonara la sentencia brindada por un juez”, agregó.
Los legisladores consideran agregar a la normativa el apartado 13-A, en donde excluye de indulto a funcionarios o exfuncionarios que hayan cometido algún delito de los que se excluirán próximamente.
Para poder tomar las decisiones concretas a beneficio de la población en general, la comisión recibirá a representantes de diferentes instituciones pertinentes, entre ellas el Consejo Criminológico Nacional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de la Procuraduría General de la República (PGR), del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
De acuerdo a lo que rige la Constitución de la República, son los diputados de la Asamblea Legislativa quienes tienen la facultad de otorgar o no esta circunstancia, en la que se perdona la condena y en cierto modo el crimen cometido queda sin castigo.
“Hay cierto tipo de delitos que no proceden a ser indultados y nosotros no podemos brindar un perdón de la pena para proteger o liberar a personas que cometieron delitos aberrantes en contra de la población salvadoreña”, dijo el legislador Jorge Castro.