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martes, 03 de agosto del 2021

Bukele tiene menos de una semana para entregar archivos militares del caso El Mozote

El juez de Gotera asegura que, a la fecha, ha pasado un tiempo "prudencial para que la entrega se hubiera realizado" para ser incorporado al expediente judicial.

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El presidente de la República, Nayib Bukele, tiene cinco días, contados a partir del 20 de octubre, para entregar la información que su gobierno encontró en los archivos militares sobre la masacre de El Mozote.

Esto surge, debido a que el juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, Jorge Guzmán, ha solicitado esta información porque el mandatario salvadoreño no ha hecho efectiva su promesa de entregar las cinco carpetas de cartón, que presuntamente tendrían la información de la operación de la Fuerza Armada que acabó con la vida de cerca de mil civiles desde el 10 al 13 de diciembre de 1981.

El pasado 24 de septiembre, Bukele mostró cinco carpetas durante una conferencia de prensa.

“Este es el 100% de los documentos que hemos encontrado en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada y en los cuarteles que se supone pudieron haber participado o tuvieron algo que ver en la masacre”, dijo entonces el mandatario.

En la resolución, el juez asegura que, a la fecha, ha pasado un tiempo "prudencial para que la entrega se hubiera realizado" para ser incorporado al expediente judicial.

"Requiérase al señor presidente (….) haga entrega a este tribunal de instrucción de San Francisco Gotera, de los documentos desclasificados y sustraídos de los archivos de diferentes unidades militares", consigna la resolución.

El 15 de octubre, el presidente restó valor a los documentos encontrados. «No hay papel que valga la pena, ahí hay documentos de El Mozote, pero no valen la pena», consideró el mandatario en cadena nacional de radio y televisión.

El juez considera en su resolución que por tratarse de una investigación en curso “el único facultado para determinar si dichos documentos son pertinentes y útiles a la investigación es la autoridad judicial, tras escuchar a las partes; no es el señor presidente quien debe valorar el contenido de esos documentos y su utilidad”.

Jorge Guzmán dice en su resolución que, por ahora, no se pronunciará sobre la legalidad de la sustracción de documentos de los archivos militares porque “era un asunto circunscrito a la diligencia de inspección ordenada”, ya que el mismo tribunal había emitido una medida cautelar que impedía la sustracción.

El presidente Nayib Bukele ha dicho que el juez no tiene competencia sobre la Fuerza Armada. Su gobierno se ampara en el artículo 168, ordinal séptimo de la Constitución, que enumera las atribuciones y obligaciones del presidente, para impedir que se materialice la inspección ordenada por el tribunal.

«La posición institucional es invariable para los hechos objeto del presente informe y sobre cualquier otra inspección futura», se lee en una carta firmada por Conan Castro, secretario Jurídico de la Presidencia y que está anexada al expediente.

El tribunal intentó, sin éxito, ingresar a cuatro sedes militares para revisar los archivos y buscar posibles evidencias que ayudaran a la investigación.

Donde sí logró ingresar el Juez y el equipo multidisciplinario fue al Palacio Nacional, lugar donde revisaron el expurgo militar que se encontraba almacenado en el Archivo General de la Nación.

En la inspección se encontró en parte de las tres cajas del expurgo militar, valiosa información, que servirá para abonar al proceso.

La masacre de El Mozote tuvo lugar en el marco de la guerra interna de El Salvador, que enfrentó al Ejército, financiado por Estados Unidos, y a la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) entre 1980 y 1992 y dejó un saldo de 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.

De acuerdo con un informe de las Naciones Unidas, el batallón de elite Atlacatl ejecutó en diciembre de 1981 a la población civil del caserío El Mozote y otros aledaños, y el número personas asesinadas ascendió al menos a 988.

Una ley de amnistía en 1993 cerró el caso por más de 20 años, pero la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema anuló esta ley en 2016 y ese mismo año se reabrió el proceso.

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Redacción ContraPunto
Nota de la Redacción de Diario Digital ContraPunto
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