El presidente Nayib Bukele sugirió detener la presa El Chaparral, en San Miguel, una obra que tiene por lo menos siete años de atraso y que está respaldada por un préstamo superior a los US$300 millones.
El mandatario no ha confirmado que se vaya a parar la construcción, ni tampoco los otros funcionarios, pero sí dejó fuertes críticas contra el FMLN. De acuerdo a un reporte de El Diario de Hoy, las comunidades ubicadas en los alrededores del sitio de construcción han impedido el ingreso de los trabajadores desde julio.
La obra inició bajo la gestión de Antonio Saca, cuando Nicolás Salume ejercía como presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL). La licitación fue infructuosa en más de una vez, hasta que por fin aparecieron los italianos de Astaldi como los ganadores -a través de un consorcio-.
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó financiar este proyecto. En un inicio se programó para que costara US$219 millones y que estuviese lista en 2012. El Chaparral aparecía como una megaobra de la CEL después de varios años de intentar con El Cimarrón -no fue posible ni siquiera iniciarla- y la ampliación de sus otras terminales. La idea era que El Chaparral aportase 67 megavatios a la red nacional de energía. La construcción arrancó en 2009.
En 2010 suspendieron los trabajos, luego que la tormenta Ágatha causó estragos en uno de los fundamentos. Fue entonces que comenzó un largo y amargo pleito legal con los italianos de Astaldi, empresa constructora. El resultado fue que el Gobierno le pagó a la empresa US$108 millones en 2012, como parte de un acuerdo que la Fiscalía General de la República calificó de unilateral.
Este pago propició que la FGR iniciase acciones penales por el Caso El Chaparral. Además de que se supone que Astaldi se benefició con US$45 millones de ese acuerdo, los fiscales también cuestionaron el destino de los fondos de la presa y cómo se habían administrado los recursos. La investigación los llevó hasta Mauricio Funes, su pareja Michelle Guzmán y el titular de CEL cuando se firmó el acuerdo, Leopoldo Samour.
Entonces, quedó pendiente encontrar un nuevo constructor.
Años después, durante la gestión de David López Villafuerte al frente de la CEL y durante el segundo gobierno del FMLN, la obra volvió a las obras con empresas nacionales. El funcionario aseguró, en 2018, que la obra había llegado hasta un 70 % de avance.
Una vez que cambió la gestión en el Ejecutivo, nombraron a William Granadino como presidente de la empresa pública energética. Granadino se comprometió a terminar El Chaparral en 2020 y confirmó que la obra estaba terminada en más del 70 %. Pero, además, a esas alturas la obra había encarecido hasta lo insospechado en la programación porque ya se estaban calculando más de US$460 millones. Bukele denunció que el gobierno anterior negoció US$700 millones.
