La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), junto con representantes de sectores, realizaron un foro nacional para generar un espacio de reflexión y debate, sobre la viabilidad y conveniencia de una Comisión Internacional contra la Corrupción en el contexto de El Salvador, a partir de las experiencias en Guatemala y Honduras.
El director ejecutivo de FESPAD, Saúl Baños, explicó que todavía se desconoce si la CICIES se va a subordinar a las instituciones ya existentes en el país, como la Fiscalía General de la República (FGR).
Pero también hay otra inquietud agregó Baños, y es que no se sabe si esa instancia internacional tendrá el aval de la Asamblea Legislativa. “Una comisión que se sobreponga a la institucionalidad del país, está obligada a pasar por el Palacio Legislativo”, precisó.
En el Plan Cuscatlán, el presidente Nayib Bukele dijo durante la campaña presidencial que la instancia tendría una permanencia de 10 años, pero el punto es, qué períodos son los que investigará; desde el 2009 o retomará casos antes de ese año. Tampoco se sabe si el actual Gobierno será objeto de investigación de la instancia.
El tema de financiamiento no se tenía claro, aunque Bukele ya dijo que comenzará con un aporte de $250,000.
Baños consideró que si bien se han disipado algunas interrogantes, todavía hay mucha tela que cortar con el tema. Por ejemplo, si bien generar investigaciones al interior del Órgano Ejecutivo están dentro de las facultades del gobernante a través de la Policía Nacional Civil (PNC), hay otras que no.
La Policía tiene un carácter operativo investigativo que debe ser dirigido funcionalmente por la Fiscalía, y eso no se tiene claro.
“No se puede crear una unidad anticorrupción adentro de la PNC, para investigar a otros Órganos del Estado o instituciones independientes. En todo caso, esto también debe de pasar por el Ministerio Público. El artículo 193 ordinal séptimo establece que corresponde al Fiscal General tiene la facultad de “nombrar comisiones especiales para el cumplimiento de sus funciones”. Partiendo de lo anterior, la CICIES tendría que estar subordinada a la Fiscalía.
Si el presidente Bukele quiere hacer una comisión que esté por arriba de la Fiscalía, necesariamente debe pasar por la Asamblea Legislativa, independientemente que tenga el acompañamiento de la Organización de los Estados Americanos (OES) o de las Naciones Unidas (ONU).
Hay que ser preciso con el tema de la CICIES, señaló el director ejecutivo de FESPAD, en el sentido estricto de la palabra no se ha firmado un convenio, sino una carta de entendimiento. “Creo que al final recapacitaron y hoy han hecho una solicitud a la ONU, lo cual es bueno y debieron de haberlo hecho antes”.
Lo que sí queda claro, es que el mandatario se apresuró por la presión de los cien días de gobierno y era parte de las promesas que hizo durante la campaña.
En el foro, FESPAD invitó a representantes de Derechos Humanos de Honduras, para conocer el modelo de la Comisión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y un representante de Guatemala para conocer la experiencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
FESPAD aclara que independientemente comience a funcionar la CICIES en el país, primero se deben fortalecer las instituciones ya existentes, respetando los marcos constitucionales.
Hay que recordar que la CICIG a lo largo de los 12 años que estuvo en Guatemala tuvo problemas y terminó prácticamente siendo expulsada el 3 de septiembre pasado. La MACCIH tampoco ha pasado por buenos momentos.
Baños indicó que desde que comenzó el nuevo gobierno ha implementado algunos cambios de regresividad en materia de transparencia. “Usted va a la página web de Casa Presidencial y tiene información y el listado de funcionarios de la anterior administración, y eso no puede ser”.
Por su parte Manuel Escalante del IDHUCA, sostuvo que si se va a instalar la CICIES, se deben buscar organismos internacionales con mayor experiencia.
En Guatemala para la instalación de la CICIG se buscó a Naciones Unidas; en la doctrina se les llama tribunales híbridos y la ONU lo viene implementando desde hace más de 20 años, que significa que está especializada en crear este tipo de comisiones. La OEA tiene menos experiencia en desarrollar comisiones de esta naturaleza.
Escalante sospecha que la firma de la carta de entendimiento entre el Gobierno y la OEA se venía trabajando desde hace tiempos. Lo hicieron con cierto secretismo y esto fue señalado en su oportunidad.
Lo que no encaja y ha sido objeto de cuestionamientos es que se esperaba una CICIES ya instalada y lo que se tiene es solo la carta de intención. Al no estar desarrollado el instrumento, no se conoce el alcance, mecanismos y funcionamiento.
